Por mayoría, ocho votos a favor y tres en contra, los ministros del Alto Tribunal establecieron que, según lo establecido en artículo 61 de la Constitución, los legisladores gozan de inviolabilidad parlamentaria por las opiniones que realizan dentro o fuera del recinto legislativo, pero sólo cuando las emitan en el desempeño de su cargo.

Lo anterior, derivado de la resolución de la revisión de un juicio de amparo promovido por el ex senador priísta Manuel Bartlet en contra del fallo del Tribunal Superior de Justicia del DF, que había resuelto que Germán Martínez no podía ser juzgado dado que era diputado, a pesar de que en calidad de presidente nacional del PAN el 31 de mayo de 2006 acusó al priísta de ser responsable del fraude electoral de 1988 y del asesinato del periodista Manuel Buendía, ocurrido en 1984. En este caso particular, la SCJN determinó que sí procede la demanda por daño moral.

Bajo este contexto, el Alto Tribunal no sólo dejó claro que los diputados y senadores pueden ser demandados por la vía civil por daño moral por las opiniones que emitan y afecten a terceros cuando no estén ejerciendo actividades o funciones relacionadas con su cargo, sino que estableció un límite al fuero o inviolabilidad parlamentaria.