Cuestionada al respecto por los medios de comunicación, la representante del Poder Judicial expresó que la LII debe concluir con el proceso legislativo de la reforma constitucional sobre la autonomía financiera de este poder, ya que la impartición de justicia opera con recursos muy limitados.
“No es una situación caprichosa, verdaderamente el Poder Judicial tiene necesidad de esa autonomía dado que los recursos que actualmente recibimos están muy limitados y las necesidades en la administración de justicia son muy grandes”, dijo al invitar a los diputados a acudir a las instalaciones judiciales para que observen cómo operan y en qué condiciones.
Detalló que tan sólo el Tribunal Superior de Justicia presentó al Poder Ejecutivo un proyecto presupuestal de más de 770 millones de pesos, que equivale al 4.7 por ciento del presupuesto estatal programable y de la autonomía financiera.
A esta cifra, tendría que agregarse la propuesta de presupuesto de los tribunales Contencioso Administrativo, Unitario de Justicia para Adolescentes y Estatal Electoral.
Respecto a algunas opiniones sobre que el Poder Judicial tendría un mega presupuesto con autonomía financiera, la magistrada presidenta rechazó estas afirmaciones en virtud de que mejorar la calidad de la impartición de justicia implica inversión tanto en infraestructura e insumos, como en recursos humanos.
Señaló que la propuesta de presupuesto del TSJ obedece a que tiene la obligación de contemplar recursos, por ejemplo, para la entrada en vigor en el 2013 de la justicia oral mercantil, la aplicación de la justicia alternativa, la consolidación del sistema penal acusatorio adversarial, el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, el mantenimiento a las actuales instalaciones y la creación de nueva infraestructura.
Subrayó que en caso de congelar la declaratoria sobre la autonomía financiera del Poder Judicial y no otorgar presupuesto suficiente, el riesgo será que “no avanzamos en la administración de justicia, estaríamos sumamente limitados” en cuanto a presupuesto.
Por ello, sostuvo, “yo invito y exhorto a los señores legisladores a efecto de que valoren la situación, que vean que nosotros estamos verdaderamente en una situación de necesidad para dar una administración de justicia de calidad, y estamos en la mejor disposición de invitarlos a nuestras instalaciones, de que conozcan nuestras instalaciones, de las condiciones en que desarrollamos nuestro trabajo”.
No obstante, Lara Chávez no descartó la posibilidad de recurrir a algún recurso legal en caso de que el Poder Legislativo decida no emitir dicha declaratoria, que es requisito formal para que entre en vigor la autonomía, en virtud de que la reforma constitucional fue aprobada por la legislatura anterior y por el constituyente.
