Expresó que los ceses de policías son motivados por no aprobar los exámenes de control de confianza y la falta de pericia legal de las autoridades municipales, que generalmente no llevan a cabo los procesos jurídico-administrativos para dar de baja a los elementos policíacos.

“Por una cuestión de política criminal el gobierno federal, estatal y municipal llevan a cabo exámenes de control de confianza, que si bien es cierto que está en la Ley del Sistema de Seguridad Pública, también se tiene que seguir un procedimiento.

“Es decir, si no pasa el examen se le tiene que iniciar un procedimiento para destituirlo de su cargo, pero lo que están haciendo las corporaciones policíacas, ayuntamientos y gobierno del estado, es inmediatamente de que no pasan el examen de control de confianza los despiden y no siguen el procedimiento. Entonces, al no seguir el procedimiento, por supuesto que se van a un juicio ante el TCA, donde demandan la nulidad de ese despido y por supuesto que lo ganan”, dijo.

Además, señaló, a veces las causas de despido son irrisorias, “por ejemplo, apenas corrieron a tres Ministerios Públicos por no pasar el examen de control de confianza, y por cosas como estar pasados de peso, y que no tienen que ver con su integridad moral para desempeñar el cargo”.

Por ello, lanzó una alerta a las autoridades al gobierno del estado y los ayuntamientos que vienen arrastrando juicios, no sólo para que las próximas administraciones tengan este tema como prioritario en el proceso de entrega recepción, sino que contemplen en sus proyectos de presupuesto una partida para enfrentar pagos de indemnizaciones que seguramente deberán de enfrentar ante el cúmulo de juicios aún por resolver.