En rueda de prensa, la magistrada informó que el Juzgado Sexto de Distrito admitió su demanda de amparo y revisará actos cometidos en su agravio.

Sostuvo que la decisión tomada por mayoría por el grupo de magistrados que encabeza la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, dividió al pleno y destruyó la “unidad” que se pretendía generar la interior de la institución.

“No hay unidad en el pleno del tribunal, la decisión adoptada y consentida por la magistrada presidenta propicia un clima de conflicto y confrontación. Este es el comienzo de un nueva lucha interna que no sólo implica el litigio en contra de la decisión adoptada en mi perjuicio por medio del juicio de amparo, sino la continuidad de un ambiente inestable, que por decisión de la magistrada presidenta nos llevan nuevamente a la división”, afirmó.

Señaló que es falso el argumento de la magistrada presidenta Nadia Luz Lara Chávez, respecto a que existan antecedentes jurídicos que permitan el cambio del representante de los magistrados ante el Consejo de la Judicatura.

“Es ilógico e incongruente con su discurso de unidad, así como su solicitud de apelar a la sensibilidad y sentido de responsabilidad. Este acto arbitrario que nos confronta y divide, no guarda ninguna relación con el desempeño de la suscrita como magistrada, como lo he venido realizando durante 27 años de servicio en la institución”.

“Tampoco dicho acto ilegítimo puede obedecer a la democratización y gobernabilidad al Consejo, quizás favorezca condiciones a modo para la toma de decisiones de la magistrada presidenta”, recalcó.

El pasado 6 de julio, en sesión de pleno la magistrada María Idalia Franco propuso a sus homólogos relevar a Carmen Cuevas como representante de los magistrados ante el Consejo de la Judicatura debido a los “cambios democráticos”.

Siete magistrados votaron a favor de la remoción y otro grupo decidió abandonar la sesión en señal de protesta. En lugar de Cuevas López fue designado Rubén Jasso Díaz.

A pesar de que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el magistrado consejero durará seis años en su encargo, el relevo, de acuerdo con algunos magistrados, se realizó con base en un antecedente jurídico que deja abierta la posibilidad de cambio en el momento en que por unanimidad o mayoría el pleno así lo decida.

El antecedente que se arguye, es el recurso de revisión por el cual un tribunal colegiado declaró legal la remoción como consejero del magistrado Valentín González García en diciembre de 2010 y la designación en el cargo a Carmen Cuevas López.

Sin embargo, la magistrada sostuvo que en el caso de González García es distinto, pues su relevo fue motivado por diversos actos irregulares en los que incurrió y en su caso no hay ninguna causal o responsabilidad que justifique su destitución como consejera.