El edil capitalino dijo no tener todavía el dato de cuántos servidores públicos serán dados de baja, pero lo que sí precisó fue que este recorte no incluye a personal sindicalizado.

Indicó que lo anterior obedece al déficit de 370 millones de pesos por el que atraviesa el Ayuntamiento y que en su momento hizo del conocimiento de regidores y de la ciudadanía en general.

El alcalde manifestó que con esto también se está tratando de evitar problemas a fin de año, respecto al pago de prestaciones salariales a los trabajadores.

“No se pueden poner en riesgo para fin de año con trabajadores sindicalizados y trabajadores que esperan sus prestaciones accesorias a las percepciones ordinarias y entonces, para tratar de evitar aquello, estamos ahora tratando de encontrar el remedio”, aseveró.

Asimismo, dijo desconocer si este problema financiero alcanzará los programas sociales. “No podría yo particularizar hasta que se haga el análisis correspondiente, lo que sí y como ya se mencionó en sesión de cabildo, son medidas necesarias”.

Por otro lado, Sánchez Gatica informó que presentará una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que el Ministerio Público deslinde responsabilidades en la presunta transferencia indebida de depósitos bancarios en marzo pasado.

De igual manera, al abordarse en sesión de cabildo el punto referente a la supervisión, discusión y en su caso aprobacción del corte de caja de la Tesorería correspondiente al mes de junio, hizo uso de la palabra para pronunciarse en contra de éste. Por su parte, los regidores hicieron lo mismo.

Sobre el primer punto, el alcalde capitalino mencionó que en breve presentará ante la PGJE una “denuncia por probables hechos constitutivos de delito y sin señalar a un probable responsable, sino que sea la autoridad competente la que determine qué delitos se cometieron y el grado de responsabilidad de cada persona”.

Lo anterior –comentó- tras comprobarse que a principios de año hubo transferencias electrónicas para pagar a diversos proveedores sin su consentimiento.

Dicho asunto es relacionado con la dispocisión de 38 millones de pesos del crédito de 300 millones que adquirió el Ayuntamiento con Bancomer, para pagar la mitad del crédito de 600 millones de pesos que solicitó a Banco del Bajío.

El municipe continuó diciendo que por la secrecía que exige toda investigación ministerial no puede dar detalles de este asunto.

“Lo que yo podría decirles, es que va a ser materia de las denuncias o querellas penales, hechos que pudieran ser constitutivos de delitos, y corresponde a la autoridad competente, en este caso la Procuraduría, o si se quiere especificar el Ministerio Público que le corresponda, desglosar y en su caso tipificar conductas para el efecto que se proceda en contra de quien resulte responsable, si fuera el caso de reunirse los requisitos legales correspondientes”, refirió.

En cuanto a la negativa a aprobar el corte de caja de junio, el presidente municipal refirió que esto no obedece a ninguna otra cosa, más que el problema que se viene arrastrando por las presuntas disposiones bancarias indebidas en referencia.