Tras sostener una reunión con integrantes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial para iniciar la negociación laboral, Falcón Vega dijo que está a la expectativa de la decisión de los diputados sobre su ratificación o no en el cargo de él y sus compañeros Valentín González García, Rocío Bahena Ortiz.

Cuestionado sobre los intereses partidistas y políticos en el proceso de evaluación de los magistrados, sostuvo que espera que la decisión de los diputados sea con base en los indicadores de desempeño de cada uno de los evaluados.

“Yo espero que las condiciones se puedan dar a favor de los magistrados, que tuviéramos el voto de confianza de los legisladores, pero vamos a esperar. Tenemos la esperanza de que la decisión que tomen ellos sea en beneficio de los magistrados que conformamos el Tribunal Superior de Justicia”.

Al insistir sobre los intereses en juego de los partidos políticos representados en el Congreso en relación a la revalidación o no de los magistrados, Falcón Vega dijo: “Yo creo que en este momento se puede decir muchas cosas y estaría mal que hiciera yo un comentario al respecto. Sin embargo, me parece que los elementos que se enviaron al Congreso para evaluarnos son muy objetivos y seguramente los señores diputados harán la evaluación en base a ello. Hay muchos rumores, muchos cometarios pero lo más importante son elementos el expediente que obra en manos del Congreso”.

Ayer, todavía continuaba el debate entre los diputados integrantes de la Junta Política y los líderes parlamentarios sobre cuáles de los tres magistrados del TSJ y tres magistrados del TCA podrían o no ser ratificados. Hoy, el Congreso sesionará de manera ordinaria y se espera que se integre este tema al orden del día.

Hasta ayer, los pronósticos eran que los magistrados del TSJ, Falcón Vega y Rocío Bahena, tenían casi asegurada su ratificación, mientras que existía indecisión sobre Valentín González, a pesar de que algunos diputados del PRI y PRD estaban a su favor.

En el caso de los magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo, se especulaba que Martín Jasso Díaz podría ser designado por un segundo periodo al igual que Jorge Alberto Estrada, quien asumió la titularidad de la magistratura --tras la renuncia de Carlos Iván Arenas para ocupar la magistratura en el TSJ--, pero la ratificación de Orlando Aguilar Lozano estaba incierta en virtud de que algunos miembros de la bancada del PRD –por cuyo partido llegó a la magistratura-- no estaban de acuerdo en mantenerlo en el cargo.

Sin embargo, será hasta que los integrantes del pleno voten a favor o en contra de la ratificación cuando se despeje las dudas sobre quiénes se quedan en el cargo por ocho años más y quiénes culminarán su periodo el 17 mayo próximo.

Magistrado del TCA impugna

Por otra parte, el magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo, Orlando Aguilar Lozano, promovió un juicio de amparo contra la evaluación a que fue sujeto por parte del Congreso local, debido a que no existe en la ley ningún indicador que permita una evaluación objetiva de su desempeño.

De acuerdo con el expediente 250/2012, el pasado 15 de febrero el Juzgado Cuarto de Distrito admitió la demanda de amparo y negó tanto la suspensión provisional como la suspensión definitiva contra actos del Poder Legislativo del estado de Morelos. La fecha de la audiencia constitucional fue programada para el 15 de marzo.

En la demanda de amparo, el magistrado argumentó que la evaluación realizada por el Congreso es ilegal en virtud de que no existen lineamientos ni indicadores expresados en ninguna norma para calificar el desempeño de los magistrados del TCA.

Explicó en su demanda que el artículo 109 bis de la Constitución local establece que “la designación por un periodo más sólo procederá de los resultados que arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo, mediante mecanismos, criterios, procedimientos e indicadores de gestión que establezca esta Constitución y las leyes en la materia”.

Al no existir estos parámetros en ninguna norma, los criterios utilizados por los diputados “son ilegales porque la Junta Política y de Gobierno del Congreso del estado de Morelos no tiene facultad para establecer de motu proprio; es decir, a su libre arbitrio, cuáles deben ser los mecanismos, procedimientos e indicadores de gestión para llevar a cabo las evaluaciones de los magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo del Poder Judicial del estado de Morelos, dado que ninguna disposición ni ordenamiento legal alguno le faculta expresamente para ello”. Por lo tanto, “manifiesto que son ilegales los mecanismos, procedimientos e indicadores de gestión bajo los cuales ese cuerpo colegiado pretende evaluar mi gestión como magistrado del TCA del Poder Judicial del estado de Morelos”.