Desde hace unos días, agregó, se instalaron dos módulos de recepción de documentos, uno en la entrada del Palacio de Gobierno y el otro en el edificio de la Contraloría. “Hasta hoy el proceso ha sido muy lento, a pesar de que sólo se tiene el resto del mes para tal efecto”.

La funcionaria especificó que están obligados a rendir esta declaración el gobernador del estado, los integrantes de su gabinete, subsecretarios, jefes de departamento y quienes manejan bienes públicos, tanto en el Ejecutivo como en el Poder Judicial, por citar algunos.

Patricia Alegría agregó que con las facilidades que ofrecen hoy los medios de comunicación, se han simplificado algunos procesos. Los interesados pueden sacar el formato de la página respectiva en Internet y llenarlo, para entregarlo en las mesas receptoras, “es decir, no hay ninguna excusa para no hacerlo. De tal manera que lo mejor sería que comiencen a apresurarse para no enfrentar dificultades de última hora”.

Dejó claro que en ello no hay opción, porque además la política de transparencia impulsada en esta administración no ofrece facilidades a nadie. “Estamos luchando contra la opacidad y el disimulo”.

Y recordó que independientemente de la multa económica que pudiera tener que pagar algún omiso, si la negativa persiste, se puede llegar a la destitución del cargo e incluso a la inhabilitación para desempeñar cualquier responsabilidad oficial, ello dependiendo de la gravedad de cada caso.