Son “imprecisas” versiones difundidas sobre la recuperación de 60 cuerpos en la cuarta fase de intervención en el panteón de Jojutla, refiere la Fiscalía.

La Fiscalía General del Estado (FGE) rechazó las versiones periodísticas sobre el hallazgo de 60 cuerpos en la fosa común del panteón de la colonia Pedro Amaro del municipio Jojutla, y sostuvo que esta misma semana habrá una reunión con  representantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas para dar a conocer los resultados de la diligencia judicial y acordar una nueva fecha para continuar con los trabajos de localización de restos humanos y su exhumación en este sitio. 

Luego de que el 19 de junio la FGE suspendió la diligencia judicial por el riesgo de colapso de parte del muro perimetral del panteón y las condiciones climáticas adversas, surgió la versión de que –preliminarmente- se localizaron en la fosa común seis decenas de cuerpos no identificados y que al menos diez correspondían a bebés, sin embargo, la fiscalía calificó estos datos como "información imprecisa" que "carece de veracidad y atenta contra el dolor de las víctimas, al presentar datos no confirmados que generan alarma social y desinformación".

A través de un comunicado, el organismo autónomo sostuvo que "se encuentra en proceso la integración del informe técnico pericial, el cual será presentado atendiendo criterios de responsabilidad, transparencia y estricto respeto a la legalidad", y será esta misma semana cuando el fiscal estatal, Édgar Maldonado Ceballos, se reunirá con los representantes de los colectivos para evaluar los hallazgos, contrastar información y reagendar la continuidad de los trabajos en el área de la diligencia judicial; ya uno de los acuerdos pactados desde el mes de abril fue que los resultados serían presentados primero a los colectivos, antes de difundirse públicamente.

"La FGE reitera que evitar la difusión de datos no verificados es una obligación legal y una responsabilidad ética. Por ello, los procesos de intervención seguirán efectuándose con apego a estándares técnicos, respeto a la dignidad de las personas desaparecidas, y en coordinación con colectivos e instituciones públicas de los tres niveles de gobierno", concluyó la fiscalía en su comunicado. 

En 2014, la otrora Procuraduría de Justicia de Morelos ordenó la inhumación, en circunstancias legalmente irregulares, de decenas de cuerpos y restos humanos no identificados en fosas comunes en los panteones de Cuautla y Jojutla. Estas anomalías fueron denunciadas por la familia de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, quien fue asesinado tras ser víctima de un secuestro, y a pesar de que su cuerpo fue reclamado, la procuraduría lo envió a la fosa común del panteón municipal de Tetelcingo, en Cuautla.

La familia de Oliver inició acciones legales para la recuperación del cuerpo, y al momento de extraerlo de la fosa común se percató que muchos de los cuerpos habían sido enterrados sin protocolos y literalmente como basura, lo cual fue denunciado públicamente. Pese a que el caso fue de relevancia nacional e internacional, hasta hoy ningún servidor público de la otrora procuraduría ha sido sancionado.