Se buscan planeaciones financieras más precisas tanto para el gobierno estatal como para los municipios, según la iniciativa impulsada por la gobernadora Margarita González Saravia.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma constitucional para modificar los plazos de entrega y aprobación del Paquete Económico estatal y municipales, con el objetivo de armonizar la legislación local con las normas federales y garantizar una planeación financiera más precisa.

La propuesta, que fue turnada al Pleno de diputados durante la sesión ordinaria del jueves pasado, plantea reformar el artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos para que el Congreso reciba a más tardar el 30 de noviembre de cada año la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, así como las leyes de ingresos del Ejecutivo estatal y de los ayuntamientos.

Actualmente, el texto constitucional establece como fecha límite el 1 de octubre, lo que limita contar con información definitiva sobre los recursos federales que Morelos recibirá el siguiente año.

Con esta reforma, explicó el Poder Ejecutivo en su exposición de motivos, se busca tener mayor certeza sobre los ingresos reales con los que contará el estado, toda vez que las leyes federales en materia de presupuesto y política económica —como la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación— son aprobadas y publicadas entre octubre y noviembre.

Asimismo, se propone que el Congreso de Morelos apruebe dichas leyes a más tardar el 15 de diciembre de cada año. En el caso de los presidentes municipales que inicien su encargo, deberán presentar una nueva iniciativa de Ley de Ingresos o una reforma a la vigente antes del 1 de febrero, y el Congreso deberá resolverla a más tardar el último día de ese mes. Mientras tanto, los ayuntamientos operarían con los parámetros del ejercicio fiscal anterior.

Además de modificar el segundo párrafo del artículo 32, la iniciativa deroga los párrafos tercero y cuarto con el objetivo de clarificar el texto constitucional y evitar ambigüedades sobre los plazos que deben cumplir las autoridades municipales.