“Tenemos dos semanas en la revisión, estamos al 50 por ciento. Pero ya desde este momento se vienen solventando observaciones y hay expresa voluntad de los funcionarios de ese organismo por responder a nuestras inquietudes. Pero la idea es ir eliminando cualquier acción que violente las normas públicas y el correcto uso de las facultades”.

El funcionario destacó que sí hay ya algunos elementos delicados, producto de investigaciones a raíz de denuncias ciudadanas, “pero no podemos mencionarlas mientras no se trate de hechos probados y consumados”.

Esta dependencia, agregó, realizará el trabajo que le corresponde e iniciará los procesos necesarios para corregir los errores o faltas y otras instancias se encargarán de darles seguimiento.

Por otro lado, se refirió a casos anteriores como el del ex titular de la Dirección General de Protección Civil, Daniel Hernández Barenque, o el del ex oficial mayor, Alfonso Pedroza Ugarte: "Son expedientes que no me correspondieron iniciar, pero por los antecedentes que hay ya se ejercieron algunas acciones, como inhabilitación y multas económicas”.

Pero aclaró que la recuperación del dinero es competencia de otras instancias de la administración pública estatal, como la Secretaría de Finanzas y Planeación o la Consejería Jurídica, que sólo interviene si los demandados intentaran alguna vía legal para no resarcir el daño económico.