El fiscal estatal, Pedro Luis Benítez Vélez, informó que la carpeta de investigación iniciada a petición del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública contra el edil fue enviada a la delegación de la PGR, cuya instancia determinará si el funcionario municipal incurrió en responsabilidades de índole penal.

“Se estarían violando disposiciones de la Ley General de Seguridad Pública del ámbito federal. Por eso estamos haciendo el traslado de actuaciones a la instancia federal” y “en los casos que creamos que se están desplegando conductas sancionadas por la Ley General de Seguridad Pública, si son de la ley estatal, se quedarán con nosotros; pero si son del ámbito federal, como el caso de Huitzilac, serán enviadas a la delegación de la Procuraduría General de la República, a la mesa de sanciones de servidores públicos”, afirmó Benítez Vélez.

Sin dar mayores detalles, el procurador indicó que en el resto de las 11 carpetas de investigación iniciadas a igual número de presidentes municipales se está recabando las declaraciones de los ediles -quienes las están presentando por escrito-, documentos y testimoniales de servidores públicos para determinar si hay actos que pudieran ser constitutivos de responsabilidad penal.

Indicó que en máximo dos semanas estarán integradas el resto de las carpetas de investigación y durante este lapso se determinará si procede su envío a la PGR o se quedan en el ámbito local. Incluso, no descartó que pudiera existir desistimiento de la denuncia, conciliación o “ajustes legales” en los casos de los alcaldes que procedan a dar de baja a sus jefes y elementos policíacos que no cumplen con los requisitos de permanencia en las corporaciones municipales establecidos en las leyes de seguridad federal y estatal.

“Depende cómo desplacen sus respuestas y cuál es la actitud. Muchos de ellos su conducta es ejemplar y ha sido en obediencia a la Ley General de Seguridad Pública; otros, los menos, se han resistido o simplemente evaden cumplir con esa ley”, afirmó.

El fiscal afirmó que en el caso del alcalde Huitzilac la PGR deberá realizar las investigaciones y tomar las decisiones correspondientes, por lo que la procuraduría estatal mantendrá en sigilo el contenido de la carpeta de investigación remitida a la procuraduría federal.

Cabe destacar que a finales del mes de julio el Sistema Estatal de Seguridad Pública requirió a 18 municipios dar de baja a sus jefes y elementos policíacos que no cumplían con los requisitos de confiabilidad.

Sin embargo, sólo seis alcaldes acataron el llamado y 12 más lo ignoraron, por lo que se procedió al inicio de las carpetas de investigación en contra de los ediles, cuyos nombres permanecen en reservan con excepción del caso de Huitzilac.