De acuerdo con los datos y documentos recabados, el pasado 25 de agosto la representación legal de la parte demandada en el juicio civil 455/2011 acudió al Juzgado Civil para preguntar respecto a una promoción presentada días antes y solicitar copia de certificado por la cantidad de 50 mil pesos entregada a la Segunda Secretaría, pero para la sorpresa tanto de la abogada defensora como del personal judicial en el libro de gobierno no estaba registrado el ingreso del efectivo ni tampoco se había procesado la promoción solicitada.

Ante ello, la parte afectada narró que el 19 de agosto acudió al juzgado y entregó el dinero en efectivo al oficial judicial José Luis Popoca Memije, quien le indicó que posteriormente le entregaría el certificado correspondiente; en tanto, le expidió una constancia sin membrete pero con el sello de la oficialía de partes.

Para indagar sobre los hechos, la titular del Juzgado Menor Civil, María Esther Pichardo Olaiz, requirió explicaciones a los trabajadores de la Segunda Secretaría Araceli Nájera Mojica y Eduardo Arturo Vilchis Vega, quienes argumentaron no conocer sobre el depósito en efectivo y señalaron que fue Popoca Memije quien finalmente atendió a la abogada.

Ante los testimonios, se ordenó una búsqueda en la computadora que usaba Popoca Memije y ahí se descubrió el archivo en el que el oficial judicial redactó la constancia del depósito de 50 mil pesos.

Al corroborarse que el trabajador habría incurrido en la irregularidad, la representante legal de la parte afectada promovió la respectiva queja y la titular del juzgado solicitó al Consejo de la Judicatura el retiro de la Segunda Secretaría de Acuerdos de los tres trabajadores Araceli Nájera Mojica, Arturo Vilchis y José Luis Popoca Memije por la pérdida de confianza y por las constantes llamadas de atención que habían recibido por fallas en su desempeño de sus funciones.

El caso está en manos del Consejo de la Judicatura que habrá de investigar y en su caso deslindar posibles responsabilidades administrativas, así como dar parte a la Procuraduría de Justicia por la posible comisión de un delito.