En sesión, se dio lectura a la iniciativa propuesta por el diputado priista Rufo Villegas Higareda que informó que la propuesta trata de imponer penas más severas para los adolescentes que hayan cometido delitos graves, y “piensen antes de volver a delinquir”.

El legislador local explicó que sólo se incrementó un año más a la pena máxima, que actualmente es de cinco años, puesto que los tratados internacionales impiden sanciones más severas en contra de los menores a fin de proteger sus derechos humanos.

De igual forma, señaló que existe total apertura para que cualquier otro diputado local pueda hacer aportaciones a la iniciativa y de esta forma enriquecerla, ya que es un tema muy delicado que merece un análisis a fondo sobre todo cuando a nivel nacional se aprobaron reformas para reducir la edad penal.

En este sentido, dijo que en unos meses el Congreso del Estado se verá obligado a atender dichas reformas y adecuarlas a la legislación local, por lo que tampoco quiso abordar el tema de la edad penal dentro de su iniciativa.

“También los diputados pueden enriquecerla hasta lo que se pueda generar en acuerdo, esto en virtud de que los tratados internacionales no permiten incrementar la penalidad hasta seis años. Yo creo que es necesario legislar en esta materia de los jóvenes infractores en virtud de que generan los menores en contra de la sociedad nada más tengan un castigo muy mínimo y que por supuesto la reinserción a la sociedad es mínima”, declaró.

Cabe señalar que la Ley de Justicia para Adolescentes determina sanciones de tres años de prisión a los adolescentes de 12 a 16 años de edad y de cinco años para los menores infractores de 16 a 18 años de edad.

Las anteriores penalidades se imponen al comprobar que los jóvenes cometieron un delito sin importar qué tipo; puede ser robo o delincuencia organizada pero las sanciones son las mismas.

El caso más reciente fue el del menor Edgar “N”, apodado “El Ponchis”, a quien se le encontró culpable de delitos como homicidio, secuestro, portación de armas de fuego y vínculo con la delincuencia organizada, y la pena impuesta es de cinco años a purgar en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de Libertad para Adolescentes.