En el documento, registrado bajo el expediente ASF/DGJ/PRA/004/2011-IV, se concluye que en lo referente a los ayuntamientos de Tepoztlán y Jantetelco, se comprobaron desviaciones de 4 millones 500 mil pesos en cada caso.

El asesor legal, quien pidió omitir su nombre, explicó que "ya no se puede llamar a cuentas a los dos ediles involucrados, porque el entonces auditor dictó un acuerdo como asunto concluido mediante el cual acabaron pagando una multa de cuatro mil pesos cada uno".

Más aún, abundó, "a estas alturas, además por el tiempo transcurrido ya prescribió cualquier acción penal en su contra, así que en lo que toca a la ASF nada tiene que hacer, pero el señor ex auditor sí debe responder por tales incongruencias".

Más adelante manifestó que "de acuerdo a la ley, Casamata tendría que responder por ese monto, es decir los nueve millones de pesos y personalmente resarcirlos a la Auditoría”.

Agregó que es cuestión de días para concretar estas acciones en su contra, porque "al señor ya se le venció el plazo para contestar la demanda en su contra y también para la presentación de pruebas, hoy viernes es el último día para que se presente ante el juzgado a los alegatos, si no lo hace, está perdido y entonces, procederá también una inhabilitación que puede alcanzar los 20 años para ocupar cualquier cargo público".

El oficio, dijo, ha sido turnado a la Contraloría General de Gobierno para que tenga conocimiento y en el ejercicio de sus facultades, de fe de la inhabilitación al ex servidor público indiciado.