Cerca de la 1:00 de la tarde, el presidente de la Mesa Directiva, Julio Espín Navarrete, determinó un receso hasta por 15 minutos para analizar los dictámenes que estaban a punto de votarse en la sesión, debido a que algunos diputados alegaron no conocer su contenido.

El dictamen de decreto para eliminar el cobro de la tenencia fue uno de los tres puntos que se agregaron en la misma sesión del pleno a solicitud del presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rabindranath Salazar Solorio. Sin embargo, no fue discutido por los diputados en pleno pues al regreso del receso, que tardó casi una hora, no hubo quórum para continuar con la sesión.

El decreto plantea la abrogación de 8 artículos de la Ley General de Hacienda de Morelos, con lo que el gobierno del estado no podrá fijar ninguna tasa por la tenencia de un vehículo automotor en Morelos.

Dicha legislación, de aprobarse este jueves, entraría en vigencia hasta el 2012, según detalló el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rabindranath Salazar Solorio.

“Es un beneficio que abarca a todos aquellos que tienen un vehículo automotor. Y, bueno, los artículos que se están derogando son relativos a las tablas donde establecen los costos, los cobros, las bases, cuáles se toman para calcular el impuesto. Y al quedar derogado y a partir del primero de enero queda también derogada la ley federal; queda sin efecto. Por lo que no podemos hablar de ningún tipo de tasa, ni tasa cero ni de ninguna otra tasa”, explicó el diputado local.

Añadió que esta legislación va de la mano con la que a nivel federal se aprobó, en la que también se anula el cobro de la tenencia, por lo que el diputado dijo que el gobierno del estado deberá buscar nuevos mecanismos para ajustar las finanzas, toda vez que al año se recaudan cerca de 400 millones de pesos por dicho impuesto.

Al respecto, el secretario de Planeación y Finanzas del gobierno estatal, Alejandro Villarreal Gasca, explicó que para el próximo año se tendrán que hacer algunos ajustes en la administración pública, pues al no contar con 400 millones de pesos, se tendrán que reducir gastos en ciertas áreas e incluso presupuesto a ciertas dependencias y órganos de poder, como el Legislativo, Judicial, además del Ejecutivo estatal.