La disidente morenista propone que se tomen en cuenta en reforma electoral los lineamientos marcados por la consulta del Impepac.

La reforma electoral impulsada por el grupo de los 15 legisladores (G-15) que controlan el Congreso local causó los primeros desacuerdos internos y hasta las 11 de la noche de este martes no se había logrado los consensos para su aprobación.

La discusión por lograr una reforma electoral 'a modo' duró hasta pasada las 10 de la noche.

El grupo mayoritario de legisladores estaba obligado a aprobar el paquete de reformas este mismo martes o de lo contrario, los tiempos legales impedirían que pudiera aplicarse para el proceso electoral 2023-2023-2024, que iniciará en septiembre próximo.

Después de varios meses, el grupo mayoritario en el Congreso del estado no encontraba coincidencias pues se antepusieron los intereses partidistas.

El Partido Acción Nacional (PAN) defendió su propuesta de reforma (Plan B) a la Ley Orgánica Municipal del Estado, para aumentar el número de regidurías en algunos municipios, así como al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, para establecer la reglamentación sobre las candidaturas a favor de los grupos vulnerables y las comunidades indígenas, mientras que rechazó la propuesta de la morenista Macrina Vallejo Bello, sustentada en la consulta del Impepac y respaldada por los pueblos indígenas.

Por su lado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) apoyaba al PAN, condicionando su iniciativa de reforma constitucional para aumentar el número de legisladores locales de 20 a 30.

Hasta el cierre de edición no se había concretado la aprobación de la reforma electoral, que sin embargo tiene amplias posibilidades de salir adelante por los intereses que hay en juego.