Un juez de control concedió el arraigo domiciliario al ex presidente municipal de Cuernavaca.

Un juez de control concedió el arraigo domiciliario al ex presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, en sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva que le fue dictada el 29 de septiembre de 2022 y por la cual estuvo poco más de siete meses recluido en el penal de Atlacholoaya.

En cumplimiento del amparo otorgado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, el juez de control, Edie Sandoval Lome, decidió modificar la medida cautelar para que el ex funcionario imputado enfrente desde su casa el proceso penal por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones, por el supuesto desvío de nueve millones de pesos de las aportaciones del trabajadores del SAPAC al Instituto de Crédito (ICTSEGM).  

“Venimos a un cumplimiento de amparo, el tribunal colegiado determinó amparar y proteger al licenciado Villalobos Adán y el amparo constituyó en que se le quitara la prisión preventiva oficiosa. Se ha cumplido y hoy (lunes) estará el licenciado Villalobos en su domicilio a partir de hoy.

“Consideramos que aun así es excesivo (la medida cautelar) estaremos inconformándonos para que sea una libertad definitiva “, dijo Jesús García Aguilar, abogado del ex alcalde, tras culminar la audiencia y al advertir que aún se encuentra pendiente la resolución del juicio de amparo en que se impugnó la vinculación a proceso del ex presidente municipal.

Hasta el momento es el único proceso penal que enfrenta, luego de que el pasado 27 de abril, a petición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), se difiriera la audiencia de formulación de imputación en la que se pretendía implicar al ex edil como uno de los presuntos responsables del colapso del puente colgante del Paseo Rivereño de la barranca de Amanalco, ocurrido el 7 de junio de 2022 y que dejó 21 personas lesionadas.

Recientemente el Juzgado Segundo de Distrito concedió a Villalobos Adán una suspensión definitiva contra cualquier orden de aprehensión o detención que pudiese emitir la juez de control Elvia Terán Peña, quien tiene a cargo la causa penal relacionada con el caso del Paseo Ribereño.