Luego que se dio a conocer la suspensión indefinida de Casamata Gómez para desempeñar un cargo público, por haber protegido a funcionarios municipales que desviaron recursos; el diputado perredista afirmó que el caso se dirimirá por vía administrativa y jurídica.

Es que el presidente de la Comisión de Hacienda confirmó que el ex auditor de fiscalización buscó hace unos meses, llegar a un “acuerdo” con el Congreso del estado y desistirse de los recursos legales emprendidos en contra del Poder Legislativo por haberlo movido de su cargo de manera ilegal.

“Hubo un acercamiento, sin embargo las solicitudes que hacía eran demasiado elevadas, hablaba de varios millones de pesos que no se tienen y bueno, no hacían posible que hubiera algún tipo de negociación”, explicó el diputado perredista.

Salazar Solorio dijo que la cuestión laboral y la cuestión administrativa son dos asuntos separados, que habrán de tratarse por las vías legales correspondientes, por lo que advirtió que el proceso de inhabilitación hasta por 15 años sigue su camino y se determinará una vez que la Auditoría Superior de Fiscalización concluya el recurso administrativo de responsabilidades.

“Las responsabilidades no se pueden evitar al margen del asunto laboral, entonces vamos a esperar, pero yo descartaría la posibilidad de algún tipo de negociación en la parte laboral por los montos que se estaban pretendiendo”, añadió.

Cabe recordar, que este martes se dio a conocer por parte del encargado de la Auditoría Superior de Fiscalización, Luis Manuel González Velásquez, que el ex titular de la dependencia fue suspendido debido a que se le encontró culpable de haber protegido a funcionarios de Tepoztlán y Jantetelco que desviaron recursos por más de tres millones de pesos en el primer caso y arriba de un millón de pesos en el segundo.