Tras cerrarse la convocatoria lanzada por el Poder Legislativo, entre la lista de aspirante inscritos apareció el nombre de Salazar González, quien de manera interina ocupa el Juzgado Penal Menor del Primer Distrito Judicial y cuyo nombre ha resaltado en los últimos días porque fue la única en haber pasado el examen de control de confianza que aplicó el Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización a 15 candidatos a juez oral.

A pesar de que el Consejo de la Judicatura declaró insuficiente el concurso de oposición para cubrir 13 plazas de juez oral y decidió iniciar desde cero un nuevo proceso, determinó que la juez Catalina tendría a salvo sus derechos y estaría en la final del concurso de oposición para la designación de 13 jueces orales en diciembre próximo.

Contactada vía telefónica, la juez con mucha reserva y cautela se limitó a señalar que legalmente no tenía ningún impedimento para postularse paralelamente por la magistratura y por el cargo de juez oral, pues reúne los requisitos legales para ello.

Catalina Salazar González nació en Cuernavaca en 1968; es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y tiene un posgrado en materia civil. Inició su carrera judicial en 1989 como mecanógrafa y poco a poco fue ascendiendo como oficial judicial, secretaria de acuerdos, secretaria de estudio y cuenta. Durante un breve lapso laboró como secretaria del Tribunal Unitario del Decimoctavo Distrito Judicial de la Federación y posteriormente retornó al Tribunal Superior de Justicia.

A pesar de que en la lista de aspirantes a magistrado aparecen nombres de jueces y abogados, algunos muy destacados sobre todo en la implementación del sistema oral de justicia penal, la jueza Catalina tendría como ventaja sobre todos ellos dos elementos: haber aprobado un riguroso examen de conocimiento aplicado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el examen de control de confianza, que nunca antes se había aplicado a aspirantes a juez.

Sin embargo, a decir de algunos abogados y aspirantes, generalmente en estos procesos pesan más las inclinaciones políticas que los méritos personales, las trayectorias judiciales y académicas de los concursantes.