A las 5:00 de la tarde de ayer, se venció el plazo para presentar toda la documentación que se pidió como parte de la convocatoria, incluido un ensayo en el que los aspirantes demostrarán sus conocimientos acerca de la ciencia jurídica.
La respuesta a dicha invitación fue lenta y es que hasta el miércoles sólo siete conocedores del derecho se habían registrado, como el licenciado Carlos Edmundo Cuenca Gardón, Alejandro Hernández Arjona, actual juez y ex subprocurador de justicia; Patricia Soledad Aguirre, también juez; Guillermo Arroyo Cruz, abogado; Marco Antonio Ponce Santiago, director jurídico del gobierno del estado; el juez Jesús Valencia Valencia; y el juez Martín Montes García.
No obstante, hasta la tarde de este jueves, la Junta Política y de Gobierno recibió en total 31 registros de aspirantes en búsqueda del cargo de magistrado numerario, que desde el año pasado está vacío, a raíz de la salida de Ricardo Rosas Pérez, que por más de 14 años permaneció como titular del Tribunal Superior de Justicia.
Dentro de los que destacan la juez Aurora Salgado Jaimes, juez y hermana de la ex diputada priista Enoe Salgado; el perredista David Irazoque Trejo, ex diputado local; Nicolás Arturo Garduño Sámano, asesor jurídico del Congreso local; y Julieta Jam Moreno, procuradora de la Defensa del Menor y la Familia; y Catalina Salazar González, juez.
De igual forma, aparecen los nombres de los jueces Roberto Becerra López, María Guadalupe Flores Servín, Antonio Pérez Ascencio, Mariela González Gómez, Elda Flores León, Laura Galván Salgado, María Luisa Sánchez Osorio, Fidel Eufrocio Flores Sánchez. Y de los abogados Armando Brito Astudillo, Jaime Castera Toscano, entre otros.
El presidente de la Junta Política y de Gobierno, Luis Miguel Ramírez Romero, advirtió que será muy difícil evitar que el proceso se politice. Sin embargo, garantizó que será totalmente transparente.
“No me puedo comprometer a que no se politice, pero sí me puedo comprometer a que sea la mejor persona, mejor capacitado e idóneo para el cargo”, declaró.
Una vez recibidas las solicitudes, la Junta Política y de Gobierno las analizará, para después elegir finalistas y someterlos a votación del pleno del Congreso local, que según Ramírez Romero será en un plazo no mayor a 60 días.
