Esto, como parte del proyecto de sistema de justicia penal que pretende involucrar a la sociedad civil en el proceso de reinserción social e impulsar medidas distintas al internamiento a menores en conflicto con la ley.
“La finalidad es que los jóvenes no evadan la acción de la justicia sino que se sometan al proceso penal pero acompañados de una organización, que de alguna manera va cubrir ciertas necesidades que ellos requieren como terapia psicológica, como la rehabilitación en adicciones, como el apoyo para avisarles de cuando tienen audiencia y tratar de cubrir sus necesidades prioritarias, sobre todo en aquellos casos en que los menores no tienen el apoyo familiar”, expresó la presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, Ana Virinia Pérez Güemes.
Actualmente, alrededor de 35 jóvenes que incurrieron en una conducta antisocial enfrentan su proceso penal en libertad, en caso de que no cumplan con los lineamientos dictados por el juez, a petición del fiscal especializado se puede revocar la libertad y ordenar el internamiento en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes.
Mediante la firma de un convenio de colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, y representantes de la sociedad civil, en este proyecto de supervisión y apoyo participarán las organizaciones Manos Enlazadas A.C., Comunidad de Ayuda a la Comunidad A.C., Centro de Atención Asistida Pinar del Bosque, Liberando para Vivir, Proyecto de Educación Alternativa Caminando Juntos y Alcance Victoria A.C.
El director general del Centro de Atención Asistida Pinar del Bosque, Sergio Arturo López y López, puntualizó que el convenio de colaboración está destinado a que el adolescente cumpla con las condiciones impuestas por la autoridad judicial con motivo de las medidas cautelares y sancionadoras dictadas y señaló que el documento mismo es símbolo visible de las voluntades expuestas entre sociedad y gobierno.
Puntualizó que con las medidas cautelares se mantiene una actividad productiva entre los jóvenes favoreciendo con ello la integración familiar y social, al tiempo de evitarse la contaminación carcelaria de personas de baja peligrosidad.
