En la residencia oficial de Los Pinos, el titular del Ejecutivo Federal Felipe Calderón Hinojosa afirmó que esta reforma, junto con la de Materia de Amparo, son la mayor ampliación de derechos de los ciudadanos que se hayan realizado durante décadas en el país y aseguró que se trata de una reforma que coloca a México a la vanguardia de la promoción y defensa de los derechos humanos.

Con las nuevas disposiciones constitucionales, ahora todo decreto emitido por el Presidente de la República en materia de suspensión de garantías tendrá que ser revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Se ciudadaniza la selección de titulares de organismos de protección de derechos humanos y se fortalece la autonomía de las comisiones, así como se establece la facultad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para ejercitar acciones de inconstitucionalidad contra leyes locales y federales que vulneren derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Además, quita a la Corte la facultad de investigar las violaciones graves a los derechos humanos, responsabilidad que ahora recaerá en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Se crea un catálogo de derechos que no podrán suspenderse en ningún caso, como derechos a la vida, a la integridad, de la niñez y el principio de legalidad y no retroactividad.

Ahora ninguna autoridad estará facultada para negar información al organismo, lo que permitirá dar seguimiento a las denuncias y evitar la impunidad. A partir de los cambios constitucionales los servidores públicos deberán cumplir su responsabilidad de dar respuesta a la sociedad mexicana, respecto del sentido que dan al ejercicio del cargo cuando no acepten las recomendaciones de la CNDH.

Los funcionarios que no cumplan con las recomendaciones de la Comisión Nacional, podrán ser citados por el Senado de la República o en sus recesos por la Comisión Permanente o las legislaturas de las entidades federativas, según sea el caso, para que expliquen el motivo de su negativa.

También la Comisión Nacional y las Estatales podrán presentar denuncias penales o civiles que consideren procedentes contra dichos funcionarios y representantes populares.

La CNDH ampliará su ámbito de competencia, al atender los reclamos en el terreno laboral que no se resuelven con la celeridad que corresponde.

Dentro de las modificaciones hechas a la Constitución se encuentra también la que establece que en caso de persecución por motivos políticos, la persona tiene derecho a solicitar asilo, mientras que por causas de carácter humanitario recibirá refugio. Además se recalca la no discriminación por motivos de preferencia sexual.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, afirmó que además de investigar violaciones a los derechos humanos, es necesario prevenirlas y esto se logrará sólo a través de una efectiva educación y capacitación dirigida a los servidores públicos y a la sociedad en general.

“La obligación constitucional que a partir de ahora tendrá el Estado mexicano para fortalecer el proceso educativo basado en una enseñanza de los derechos humanos, es una decisión fundamental para que las presentes y futuras generaciones conozcan no sólo sus derechos sino también los mecanismos legales para hacerlos efectivos desde el servicio público, o bien como miembros de la sociedad”, dijo.