Reitera que el Ejecutivo ignora el contenido del documento generado por el Congreso.

La titular de la Oficina de la Gubernatura, Mónica Boggio Tomasaz Merino, sostuvo que el canal de diálogo con los legisladores siempre ha estado abierto y así seguirá, pero señaló que si el paquete económico aprobado por el Congreso local implica invasión de atribuciones, será vetado.

En entrevista, la también exsecretaria de Hacienda recalcó que hasta la fecha no se conoce el contenido del presupuesto que se votó ni ha sido notificado el Poder Ejecutivo al respecto. Una vez recibida la notificación, corre un plazo de 15 días para su revisión y, en su caso, para hacer observaciones.

Ante la información que se ha hecho pública, destacó que existen varios caminos legales que se podrían seguir en su momento. 

Comentó que, por ahora, resulta preocupante que se haya anunciado que se eliminó la facultad de realizar transferencias porque eso afectaría la operatividad del gobierno.

Comentó que se revisará si al menos se puso un tope máximo o algunas disposiciones que faciliten el manejo financiero, pues de lo contrario habría riesgo de caer en la inmovilidad. Mencionó que en los meses anteriores ha sido de dominio público la parálisis legislativa, la falta de acuerdos, de tal forma que sería inviable que cualquier movimiento al presupuesto etiquetado tuviera que pasar por el Congreso: “¿En qué situación nos quedaríamos los ciudadanos si hemos visto que hay muchos asuntos en los que no hay acuerdos? No podemos estar paralizados, por ejemplo en casos de contingencia como la pandemia”.

Lamentó que se pretenda imponer una especie de “control” con fines políticos a través del presupuesto.

Por otro lado, Boggio Tomasaz Merino comentó que desconocen de dónde o con base en qué datos, los legisladores decidieron considerar un monto de ingresos superior al que se presentó en la propuesta del Ejecutivo, y que es mayor por casi 100 millones de pesos.

Finalmente la jefa de la Oficina de la Gubernatura expuso que si los recortes que hicieron en algunas áreas impactan programas de alta prioridad para la sociedad, se harán las observaciones o, en su caso, se actuará por otras vías legales.

Comentó que el hecho de que cinco diputados no hayan sido convocados a la sesión en la que se aprobó dicho paquete, también podría ser otra causa jurídica a revisar, pues es posible que no se haya cumplido con el proceso correspondiente.