Durante una reunión que sostuvo con los medios de comunicación, el también titular del Consejo de la Judicatura manifestó que existe apertura de la institución para escuchar las inconformidades y exigencias de la sociedad, que pide respuestas y una justicia imparcial, pronta y expedita.

Luego de tensión en la relación con la Asociación de Abogados Penalistas, Falcón Vega modificó su postura y aceptó someter a evaluación a 63 jueces del sistema de justicia tradicional y acusatorio adversarial.

Expresó que logró concretar dos convenios con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, uno de ellos para aplicar el examen de conocimientos a los aspirantes a juez y otro general, que incluirá examinar a los juzgadores de Morelos.

“Parte del proyecto es evaluar a los jueces, no para castigarlos ni sancionarlos, sino para establecer líneas de acción y capacitación”, dijo.

Auditoría “floja”

Por otra parte, Falcón Vega explicó que no ha sido posible iniciar ninguna acción penal por el presunto uso irregular de más de 13 millones de pesos durante la administración de Ricardo Rosas Pérez, en virtud de que existe una serie de omisiones en el dictamen emitido por un despacho contable externo.

Expresó que se ordenó una nueva investigación al manejo y aplicación de los recursos generados por el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y subsanar algunas omisiones en el dictamen contable de la auditoría, que en noviembre de 2010 sugirió diversas irregularidades en la administración del TSJ y el Fondo Auxiliar.

Cuestionado sobre por qué se aplazó el inicio de una denuncia penal contra quien resulte responsable de las irregularidades, Falcón Vega señaló que una vez que esté completa la auditoría, el Consejo de la Judicatura estará en condiciones de promover las acciones legales correspondientes.

“Había una serie de omisiones y por esta razón se ha presentado la denuncia, la auditoría sigue muy floja y queremos que esté bien fundamentada”, afirmó.