El legislador perredista informó que terminaron los trabajos de la mesa para la reforma integral del Poder Judicial –que iniciaron en noviembre de 2009 y concluyeron el miércoles pasado- y está por definirse el formato en que el proyecto será presentado ante al resto de los legisladores.

Detalló que tentativamente las conclusiones se presentarán por separado al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional y al G5 (integrado por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista, Convergencia y Nueva Alianza).

Demédicis Hidalgo dijo estar desconcertado por las opiniones disidentes de miembros del Tribunal Superior de Justicia, institución que tuvo participación en las discusiones que se prolongaron por más de un año para integrar el ambicioso e inaudito proyecto de reforma al Poder Judicial.

Entrevistado durante su asistencia a la ceremonia del Día del Juzgador Mexicano, realizada en el Palacio de Justicia, lamentó la postura de algunos integrantes del TSJ y afirmó que la resistencia a la reforma se debe a que “se trastocaron intereses de este lugar” y “el temor es que se le quitan facultades extraordinarias (al TSJ) que no vamos a permitir”.

Y es que, dijo el diputado, una de las propuestas relevantes contenidas en el proyecto es quitar al TSJ el monopolio de la representación del Poder Judicial y adjudicársela al presidente en turno del Consejo de Administración y Disciplina, que se crearía en sustitución del Consejo de la Judicatura y se integraría por un representante de los jueces y los representantes o presidentes de seis tribunales, entre quienes se rotaría la presidencia cada año. Además, los Poderes Legislativo y Ejecutivo dejarían de tener representación en el Consejo.

Incluso, recalcó que a petición del TSJ se acordó incrementar (de 3 a 5) el porcentaje del presupuesto estatal que deberá etiquetarse anualmente para el Poder Judicial, con el fin de garantizar su autonomía financiera.

Precisó que el cinco por ciento significaría duplicar el actual presupuesto del Poder Judicial y pasaría de 403 millones a 808 millones de pesos.

El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso manifestó que la oposición del TSJ al proyecto legislativo no puede sustentarse en la tesis de que primero deben atenderse necesidades y subsanar rezagos de las instituciones impartidoras de justicia, pues el espíritu de la reforma es precisamente aumentar el presupuesto del Poder Judicial para atender sus necesidades de infraestructura y personal, implementar completamente el sistema de justicia oral en el estado, instalar la Sala del Segundo Circuito con sede en Jojutla y homologar los salarios en todos los tribunales en beneficio de la base trabajadora.

Necesario un Tribunal Constitucional

Por otra parte, el legislador del PRD defendió la creación de un Tribunal Constitucional bajo la aceptación de que un número importantes de leyes generadas en el Congreso han sido o son contrarias al marco constitucional.

“Hay problemas graves de que leyes (aprobadas) en el Congreso son anticonstitucionales y su aplicación está viciada de origen”, señaló.

Expresó que este tribunal, cuya instauración tendría un costo entre 12 y 15 millones de pesos, tendría un papel muy importante porque no sólo revisaría la constitucionalidad de las leyes locales sino que tendría facultades para iniciar procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos, emitir sentencias y sanciones, y “esto representa un beneficio para todos los ciudadanos porque actualmente estas violaciones no van allá de una simple recomendación (de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos)”.

Agregó que el proyecto para la reforma integral del Poder Judicial se sometió a consenso y fue respaldado por magistrados de los tribunales, representantes de la Procuraduría y de organizaciones de abogados como Hertino Avilés Albavera, Fernando Blumenkron, Orlando Aguilar Lozano, Martín Jasso, Jorge Arturo García Rubí, Juan de Dios González, Roberto Díaz Arteaga, Carlos de la Rosa Segura y José Luis Urióstegui Salgado.

Buscará TSJ diálogo

Cuestionado sobre el proyecto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Ángel Falcón Vega, reiteró que emitirá una postura oficial hasta que todos los magistrados del TSJ hayan expresado sus opiniones; sin embargo, indicó que buscará el diálogo con el diputado Fidel Demédicis para explicar los motivos del disenso con parte del proyecto.

En torno a la propuesta de quitar el TSJ la representación del Poder Judicial, el magistrado presidente manifestó no estar de acuerdo ya que este tribunal es el más grande en estructura y personal, así como el que mayor cantidad de asuntos judiciales atiende.

“Nosotros como TSJ tenemos mil 400 trabajadores y resolvemos cerca de 48 mil asunto al año. No sé los otros tribunales cuál sea su carga de trabajo, pero me parece que no hay una proporción entre el número de personal, los recursos que se manejan, el número de asuntos que se tramitan año con año; en este orden de ideas ésa es la parte que no nos gusta o que no estamos desacuerdo”, dijo.

A pregunta expresa sobre si el disenso podría llegar a la SCJN a través de una controversia constitucional en caso de aprobarse el proyecto de reforma como está, el presidente del TSJ respondió: “Y espero que no. Esperemos que esta reforma que se pretende se pueda platicar antes con el TSJ de manera más profunda y que haya una serie de consensos. No hay necesidad de llegar a ese punto. Sería cuestión de platicar con los diputados y platicar con los representantes de los otros tribunales y determinar una solución en la que todos estemos satisfechos. Yo creo que es lo más sano. No hay necesidad de controversia ni de golpeteos. Yo creo que a través de la comunicación, del diálogo, podemos llegar a buenos consensos”.

Insistió en que ante la inminente reforma, es necesario primero solventar las necesidades actuales de la institución y “hacerle notar (a los diputados) cuáles son las razones por las que no estamos de acuerdo con algunos aspectos. Aquí es básicamente con argumentos, no una postura arbitraria, sino argumentos para decirles a los señores diputados que tenemos necesidades muy fuertes en Jojutla, en Yautepec, en el sistema de justicia oral y su fortalecimiento, y satisfacer las necesidades que están ahora”.