En la misma situación están exfuncionarios estatales y municipales por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) inició procedimientos de revisión en contra del ex auditor general Vicente Loredo Méndez, así como de ex funcionarios estatales y municipales, por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

Lo anterior se derivó de las declaratorias en sentido negativo que emitió el Congreso del estado, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, de los informes de resultados de las auditorías aplicadas a las cuentas públicas de 33 instituciones públicas municipales y estatales, correspondientes a los años de 2016, 2017 y 2018.

De acuerdo con América López Rodríguez, encargada de despacho de la ESAF, una vez que el Congreso emitió estas declaratorias la Auditoría estatal inició los procedimientos de revisión para verificar si se cometieron irregularidades en la aplicación de las auditorías a las instituciones públicas,  o, bien, si los informes que emitió la dependencia que entonces estaba a cargo de Vicente Loredo Méndez eran correctos.

López Rodríguez admitió que se presume que hubo protección en un posible mal uso de los recursos públicos desde la ESAF, que podría ser causa de denuncias penales en contra de los responsables.
Sin embargo, insistió en que dicha determinación se tomará hasta que se concluya con las revisión de las 33 declaratorias emitidas por el Congreso del estado.

"En algunos casos ya hay amparos en el tema de estas declaratorias. Por ejemplo, puedo comentarte de un tribunal en el 2016 0 17 donde se ampara a la declaratoria porque es un dictamen preliminar, y la ley marca dos procedimientos antes de llegar a un dictamen final... por eso se tiene que hacer el estudio de cada caso antes de emitir un dictamen final", explicó.

López Rodríguez añadió que en caso de proceder a una sanción administrativa o penal, los ex funcionarios responsables estarían obligados a resarcir el daño causado al erario público.