Aclaró que "de ninguna manera estamos dispuestos a aceptar un proyecto como el que quiso impulsar Óscar Cano Mondragón cuando fue director general del Instituto de Crédito, porque contemplaba artículos que vulneraban los derechos más elementales de los agremiados e incluso a los activos. Pero queda claro que deberemos buscar una alternativa”.

La lideresa dijo que de acuerdo con un estudio realizado en la materia por abogados de diversas corporaciones, se llegó a la conclusión de que la capacidad del gobierno para seguir soportando este problema por la vía del presupuesto público se estaría agotando en unos 10 años más.

"Es decir, que si por el 2020 no hemos sido capaces de encontrar una salida, algunas de nuestras prestaciones, ya en sí raquíticas, se estarían incumpliendo no por falta de voluntad de la autoridad, sino por incapacidad económica”.

Pero aceptó que en la búsqueda de soluciones se tiene que contar con el apoyo de los trabajadores activos de la administración pública, "ellos deben entender que tarde o temprano se jubilarán o pensionarán. Lo más congruente es que acepten el descuento de algún porcentaje mínimo a sus ingresos pare este fondo con el compromiso de que el patrón haga lo mismo y de esa forma abrir una puerta viable”.

No obstante, Ocampo Castrejón admitió que cuando se tienen aún fuerzas para trabajar difícilmente se piensa hacia delante y ése es el asunto; la mayoría de quienes conforman la burocracia se niega a colaborar. Pero insistió en que esa organización y el resto de las agrupaciones ya trabajan respecto a una propuesta concreta.