La Barra de Abogados del Estado de Morelos y el Colegio Morelense de Abogados criticaron las altas remuneraciones de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos y exigieron que renuncien a sus privilegios económicos para apoyar a la reconstrucción del estado, no sólo en un contexto de austeridad sino de contingencia por los daños que provocó el sismo el pasado 19 de septiembre y que dejó a miles de morelenses sin techo y empleo.
El presidente de la Barra de Abogados, Miguel Ángel Rosete Flores, afirmó que los magistrados mensualmente reciben más de 100 mil pesos como remuneración, más prestaciones y percepciones extraordinarias, según el acuerdo que autoriza los Lineamientos de las Remuneraciones y Percepciones del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal 2017.
Consideró que los emolumentos y beneficios que reciben los magistrados atentan contra la ética y el principio juarista de la honrosa medianía en la que deben vivir los servidores públicos.
Sostuvo que los altos funcionarios del Poder Judicial de Morelos se han convertido en una élite con remuneraciones privilegiadas, exentos de evaluación de desempeño y con permanencia hasta por 20 años en el cargo.
Afirmó que no puede ni debe permitirse que una élite judicial y política mantenga privilegios económicos, mientras el estado atraviesa por una emergencia provocada por el terremoto que destruyó colonias y comunidades enteras en diversos municipios.
Cuestionado sobre argumentos de los magistrados de la legalidad de sus emolumentos y privilegios económicos, Rosete Flores insistió en que ellos no son trabajadores sino titulares de un Poder del Estado y ostentan un cargo que exige dignidad, honorabilidad y ética, y esto debe obligarlos a ser autocríticos y conscientes de que las condiciones de austeridad y la emergencia actual amerita renunciar a sus privilegios, para reunir el mayor número de fondos para la reconstrucción.
“Eso no significa que ellos dejen de recibir una remuneración congruente atendiendo a esa honrada medianía juarista, lo que hoy se tiene que valorar es si reciben una remuneración acorde a los intereses personales o de grupo de élite, o si las canalizan al desarrollo y la reconstrucción de estado”, dijo.
Exigió a los magistrados del Poder Judicial renunciar a sus privilegiados salarios, bonos, percepciones extraordinarias y a los tres meses de aguinaldo que reciben, aun sin tener la calidad de trabajadores, para darles techo y sustento a miles de familias morelenses que perdieron todo durante el terremoto.
Adelantó que en breve la Barra de Abogados formalizará una petición similar para que funcionarios de los tres poderes del estado y partidos políticos renuncien a sus prerrogativas y percepciones extraordinarias a costa del erario, y lo aporten a la reconstrucción de las zonas siniestradas.
Por su parte, el presidente del Colegio Morelense de Abogados exigió al Congreso y al Poder Ejecutivo restringir el presupuesto al Poder Judicial, porque no es posible que mientras los magistrados consumen parte importante de los recursos públicos con sus salarios, aguinaldos y prestaciones onerosas, la mayor parte de la población perciba bajos salarios y hoy el estado se encuentre en medio de una crisis humanitaria por daños provocados por el sismo.
“El Congreso, el Ejecutivo y el órgano de fiscalización debe vigilar qué es lo que está haciendo con los recursos el Poder Judicial; nosotros nos oponemos a un centavo más, si van los magistrados a continuar con ese tipo de conductas. El Congreso debe ser responsable y no autorizarles ni un solo quinto adicional”, dijo.
Incluso, sugirió al magistrado del Tribunal Superior de Justicia y experto en derecho laboral Iván Arenas Ángeles, ilustrar a sus homólogos que el cobro del aguinaldo es prácticamente un robo porque no son trabajadores y existen criterios jurídicos del Poder Judicial Federal sobre que la relación de los magistrados y los poderes judiciales es de carácter administrativo.
“La gente en la calle me dice ‘por favor licenciado dígale a esos magistrados que son unos ladrones, mientras nosotros no tenemos qué comer, no tenemos trabajo y se roban el dinero del pueblo’. A mí parece que la gente tiene razón, los magistrados no pueden disponer del erario, lo tienen para custodiarlo, no para quedárselo”.
“Es deleznable lo que están haciendo. ¿Qué es legal? Sí, efectivamente, la división de poderes y las facultades del Consejo de la Judicatura lo permite; pero esto es desastroso y por eso la gente no cree en las instituciones”, afirmó.
