El legislador por el tricolor indicó que estas liquidaciones no han sido avaladas por su grupo parlamentario y es por ello que se tiene que exigir la relación, para verificar que no se dio un exceso en el pago de liquidaciones.

“Incluso hasta donde tengo conocimiento no han sido avaladas por los propios coordinadores parlamentarios. Entonces, hay que ver quién las autorizó y cómo se fijaron los montos”, añadió el entrevistado.

Y es que a partir de este miércoles entraron en funciones los presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta Política, lo que implica la liquidación de varios empleados de confianza y la incorporación de otros a las nóminas de la Cámara de Diputados.

Aclaró que “el horno no está para bollos” y que de ninguna manera los diputados priístas deben permitir que estas liquidaciones sean excesivas sino que sean conforme a lo que señala la ley.

De hecho, muchos de los empleados despedidos fueron contratados en su momento por el legislador del tricolor Jorge Arizmendi García, y pese a que fue relevado después de seis meses de la presidencia de la Junta Política y de Gobierno, éstos permanecieron en dicho órgano.

Martínez Cué, por su parte, indicó que solicitará a su nuevo coordinador parlamentario, que al reunirse con los otros líderes, les solicite dicha información, la cual –comentó- tiene que ser dada a conocer además en el portal de Internet.

Aclaró que es importante que todas las fuerzas políticas fijen sus posturas con relación a esto, pues insistió que hay un compromiso de que las cosas en este segundo año de labores serán diferentes, y ello implica también cuidar se le dé un buen uso a los recursos.

Finalmente, indicó que se tiene que informar el salario que cada uno percibía, el monto de su liquidación, así como los nombres de todos aquellos que fueron reubicados.