El cobro de un laudo puso en riesgo de destitución al presidente municipal de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco Bravo y a la síndica Denisse Arizmendi Villegas.

Lo anterior fue revelado durante de la sesión de Cabildo por la síndica, quien informó que la semana pasada derivado de un laudo hubo una orden de destitución tanto para ella como para el edil.

La munícipe comentó que como resultado de un juicio laboral iniciado por Elizabeth Patricia Toriz Gamero, el cual está asentado en el juicio 01/391/13, se realizaron diversas gestiones y solicitudes al tesorero municipal a efecto de que cubriera dicho laudo, que representaba un riesgo de destitución.

Hace unos días el laudo les fue notificado y lograron evitar la deposición tramitando una suspensión provisional, sin embargo, advirtió que no pueden continuar enfrentando los juicios laborales de esa manera.

“En razón de lo anterior es que le solicité al secretario de asuntos jurídicos los días 16, 19 y 30 de marzo, con copia a la Contraloría, diera un balance de los juicios labores que tiene esta administración, a cuánto ascienden los pasivos por concepto de laudos laborales en condena firma (sic), cuántas demandas han sido resueltas por convenio, cuántas de éstas siguen y cuántos amparos se han interpuesto en materia laboral. Sin embargo, no he recibido ninguna respuesta hasta el momento, por eso exhorto a que si la Secretaría de Asuntos Jurídicos no puede con la carga de trabajo y no puede resolver las peticiones que se realizan, entonces tomemos las riendas para que no existan más órdenes de destitución; lo exhorto alcalde a que trabajemos en conjunto”, señaló la síndica, quien manifestó que existe el riesgo de que haya más órdenes de destitución.

El Ayuntamiento de Cuernavaca promovió la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la aplicación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que establece: “las infracciones a la presente Ley que no tengan establecida otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán (…) con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios. Estas sanciones serán impuestas en su caso, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje”.

Y en particular, dice el escrito de demanda, “en lo relativo a la destitución del Presidente del Municipio actor, derivado de la ejecución de un laudo emitido por el TECA. Acuerdo dictado por el TECA el 4 de julio de 2016 a través del que se cita a sesión extraordinaria de Pleno para destituir al Presidente Municipal”.

Debido a que la controversia constitucional 121/2017 ingresó durante el periodo de asueto de Semana Santa, la SCJN no ha emitido pronunciamiento sobre la admisión o no del recurso y, si en su caso, proveerá alguna medida cautelar.