Al menos una decena de ayuntamientos demandaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la invalidez de la reforma a la Ley Orgánica Municipal que los obliga a pagar los “gastos de administración” a los ayudantes municipales.

Los municipios de Tlaltizapán, Temixco, Tlaquiltenango, Miacatlán, Temoac, Cuautla, Zacatepec, Ocuituco, Yecapixtla y Jantetelco, promovieron sendas controversias constitucionales para impugnar las modificaciones realizadas por el Poder Legislativo y que entraron en vigor el pasado 19 de enero, tras su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.

Por iniciativa de la legisladora perredista Hortencia Figueroa Peralta, el Congreso aprobó modificar el tercer párrafo del artículo 101 de la Ley Orgánica Municipal, para que los ayudantes municipales reciban un apoyo en reciprocidad por las gestiones que realizan como autoridades auxiliares de los ayuntamientos.

En consecuencia, el legislador estableció que los ayuntamientos, en sus leyes de egresos, deben fijar una partida presupuestal para sufragar los gastos que deriven del desarrollo de las actividades de los ayudantes municipales, y que “deberá ser suficiente para cubrir, por lo menos, los gastos de administración que por motivo de su actividad generen, la cual no podrá ser menor a noventa salarios mínimos vigentes, por cada ayudantía o delegación que se tenga en el municipio de manera mensual”.

Además, en las disposiciones transitorias, el Congreso dio a los ayuntamientos un plazo máximo de 90 días hábiles, contados a partir de la vigencia de la reforma, para que emitan las normas reglamentarias para la entrega de recursos a los ayudantes municipales.

Pese a que los municipios pidieron a la SCJN la suspensión contra la norma impugnada, la medida cautelar le fue negada ya por lo menos a la mitad de los municipios quejosos.

De acuerdo con el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), hay un total de 499 ayudantías municipales, que cada tres años se renuevan a través del voto directo, y sólo en cinco municipios por usos y costumbres.

Según la reforma aprobada por el Congreso, los municipios tendrán que erogar mínimo siete mil 203 pesos mensuales por cada ayudante municipal, lo cual multiplicado por 499 ayudantes, suman casi tres millones 600 mil pesos al mes. Anualmente, los municipios tendrían que erogar más de 43 millones para cumplir con el pago de “gastos de administración” de las autoridades auxiliares.

Los ayuntamientos inconformes esencialmente argumentaron que no disponen de recursos para enfrentar tal obligación legal y que el Congreso no los proveyó de ellos, además de que el Poder Legislativo violentó la autonomía municipal.