Dijo que la prioridad será atender en primera instancia a aquellos ayuntamientos que tienen serios problemas de laudos vencidos, y sobre los que pende la amenaza de destitución. “Estamos hablando de 53 funcionarios o servidores públicos de 17 alcaldías y para cuya solución se necesitan unos 50 millones de pesos”.

Aclaró que los pasivos laborales de todas las presidencias municipales superan los 650 millones, pero hay que atacar primero lo más urgente, por ello igualmente se estima ayudar a superar aquello que tiene que ver con las quejas y las multas, que son un elemento previo a la solicitud de destitución y para lo cual se necesita de otros 20 millones de pesos. “Es decir, de entrada, se tendría que liberar un fondo de 70 millones de pesos, con los que todos los ediles en problemas quedarían momentáneamente fuera de peligro, pero –aclaró- esto no los exime de otras demandas que tienen y que pueden igualmente llegar al nivel de remoción”.

Ahora bien, agregó Gómez Orihuela, las reglas de operación serán las que definan cuál podrá ser la cantidad máxima o mínima con la que se ayude a cada uno de los municipios en conflicto, y pudiera haber algunos que enfrentaran obstáculos a partir de su situación financiera interna.

Pero destacó que dado que los alcaldes vienen aportando el dos por ciento de sus ministaciones mensuales para la integración del fideicomiso, tienen obligadamente derecho a ser ayudados. La funcionaria consideró que con lo anterior se dejará atrás una larga etapa de tensión y presión sobre los presidentes municipales, la que a algunos, durante el trienio anterior, los obligó a dejar el cargo, como en el caso de Amacuzac.

Pero advirtió que tampoco es una solución mágica para todas sus dificultades de dinero, porque si no saben conducirse en materia presupuestal, “mañana o pasado pudieran volver al mismo escenario”, porque los pasivos en torno al tema laboral en los 33 municipios son mayores a los 650 millones de pesos y el fideicomiso dispondrá de poco más de 200 millones en su oportunidad.