Tras acudir a la apertura del nuevo periodo de sesiones del Congreso del estado, aclaró que las suspensiones concedidas al alcalde por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y por el juez primero de distrito, permiten al TSJ desahogar las fases del juicio político conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pero le impiden dictar sentencia y ejecutarla. 

Dijo que este martes concluyó el plazo de tres días establecidos en la ley para que las partes presentaran sus pruebas, y a partir de este miércoles corre el plazo de tres días hábiles para que el presidente municipal de Cuernavaca (en calidad de acusado), el Congreso y el fiscal del estado (como partes acusadoras) presenten sus alegatos.

“Después de agotado ese procedimiento, la Comisión Instructora tendrá diez días para analizar las pruebas y alegatos y generar un proyecto de sentencia, que no se podrá pronunciar, ni ejecutar por parte del pleno de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, en su calidad de Jurado de Sentencia”, dijo.

Luego de los documentos entregados por la defensa del alcalde y las acusaciones sobre la presunta violación de derechos de Blanco Bravo, la titular del TSJ señaló que la documentación será analizada por los tres magistrados integrantes de la Comisión Instructora, quienes deberán emitir un acuerdo que será publicado en el boletín judicial.

Insistió en que la Comisión Instructora desahoga el juicio político apegada a la ley y con total transparencia, legalidad e imparcialidad.