Cuernavaca, Morelos.- La Comisión Estatal de Seguridad (CES) investiga el origen de las armas aseguradas a los escoltas del alcalde de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia, y si están o no relacionadas con algún delito.

En diversas entrevistas de radio y televisión, el titular de la CES, Alberto Capella Ibarra, insistió en cuestionar la calidad moral del edil por sus antecedentes penales y aseguró que la forma inusual e inadecuada en que era custodiado deja la duda sobre a qué le tema el alcalde, sobre todo por el armamento y la cantidad de municiones que portaban los escoltas.

Dijo que aunque el caso está bajo la jurisdicción de la Procuraduría General de la República (PGR), como representante de la CES emitió algunos oficios a las autoridades correspondientes para saber el origen de las armas aseguradas a los custodios del edil y si están o no relacionadas con algún ilícito, particularmente perpetrado en la zona sur. 

Informó también que la CES fincará responsabilidades a un comandante de la Policía municipal de Tlaquiltenango que, por ignorancia o por seguir órdenes del alcalde, indebidamente firmó el oficio de “comisión” para que los escoltas salieran de su jurisdicción armados y resguardaran al edil.

La tarde del martes fueron detenidos tres escoltas que, mientras el edil de Tlaquiltenango se encontraba dentro de la agencia BMW de Río Mayo en Cuernavaca, custodiaban el perímetro del lugar con armas largas.

Luego fueron llevados a la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se les decomisaron un arma larga tipo R-15 abastecida con dos cargadores con 60 cartuchos, un arma exclusiva del ejército; un arma tipo escopeta y una escuadra .380. Según Capella Ibarra, sólo un arma está registrada en la licencia colectiva de la CES y se desconoce el origen del resto.

Posteriormente fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal de la PGR para definir su situación jurídica, con la posibilidad de obtener su libertad bajo fianza y con las reservas legales. Hasta ayer la PGR no había informado sobre la situación legal de los detenidos.