La Barra de Abogados del Estado de Morelos llamó a los ayuntamientos a rechazar la reforma constitucional que pretende prologar a 20 años la estadía en el cargo de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos.
Secundado por juristas como el ex procurador José Luis Urióstegui, el ex diputado Carlos de la Rosa y el presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionales Alejandro Smith Vázquez, el líder de los litigantes barristas Miguel Ángel Rosete Flores consideró que la reforma no sólo tiene visos de ilegalidad sino de inmoralidad, porque parece que la propuesta impulsada por el legislador perredista Javier Lafitte Breton parece una intención de pago de favores a los magistrados, sobre todo en la coyuntura del juicio político contra el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco.
“A unas horas de que fue admitido el juicio político se presentó la iniciativa de reforma y que, obviamente, genera un sospechosismo (sic), en el que puede generarse un sentido de gratitud a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia al Poder Judicial y que puede ser ante el juicio político del alcalde...”, dijo.
Señaló que en caso de aprobarse la reforma sería definitivamente “inconstitucional, indebida e inmoral, porque atenta contra los derechos de los miembros de la carrera judicial, porque por ejemplo, los jueces actualmente tienen contratos de tres o seis meses y se encuentran en total incertidumbre e inestabilidad laboral”.
Recalcó que las reformas y disposiciones a la Constitución local no pueden exceder lo establecido en la Constitución federal, ni tampoco los magistrados locales pueden permanecer más tiempo en el cargo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Explicó que la Barra de Abogados enviarán misivas al Congreso para que reconsideren la reforma, y a los ayuntamientos para sopesen la gravedad de tema, “por lo cual haremos llegar a cada uno de los 33 municipios de la entidad explicando las causas debidamente acreditadas del porqué no debe aprobarse dicha reforma, ya que no abona a la autonomía ni independencia del Poder Judicial del Estado”.
También se hará un llamado a los magistrados del Poder Judicial “en donde pediremos que no acepten la reforma, porque anula la tan presumida carrera judicial, limitando las aspiraciones de todos los que deseen ocupar ese honorable cargo”.
