Ana Lilia Mata

Ana Lilia Mata

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Ariadna Barrera Vázquez, admitió que es urgente que el Congreso del estado concrete el nombramiento de auditor general, pues admitió que la actual encargada de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), América López Rodríguez, no está facultada para realizar auditorías.

En entrevista, la legisladora morenista señaló que están conscientes de que actualmente el órgano auditor no puede realizar su trabajo, por la falta de un titular con base en los requisitos que marca la ley.

Por ello, Barrera Vázquez adelantó que a más tardar este viernes la Comisión Instructora emitirá un dictamen y será turnado al Pleno, para ser votado en la sesión de la próxima semana.

Asimismo, la diputada explicó que este martes concluyen las entrevistas a los 28 aspirantes al cargo de auditor general.

Hay que señalar que la actual encargada de la ESAF es investigada por la Fiscalía Anticorrupción por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público, justamente porque la ley no contempla el cargo de encargada de despacho.

Comerciantes del mercado Adolfo López Mateos (ALM) se preparan para instalar la "Feria de Día de Muertos".

Al respecto, afirmaron que cumplirán con todas las medidas sanitarias para que el Ayuntamiento de Cuernavaca les permita vender, a partir de hoy y hasta el cuatro de noviembre.

Se trata de aproximadamente 300 comercios que venderán todo tipo de productos para la celebración del Día de Muertos.

Para ello, deberán colocar protección de acrílico para cuidar la sana distancia entre vendedor y el ciudadano, así como utilizar el cubrebocas y gel antibacterial.

Un eventual regreso a semáforo rojo sería "catastrófico" para el sector restaurantero: Canirac.

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) advirtió del cierre de más del 40 por ciento de los negocios de comida si Morelos vuelve a semáforo rojo, por los riesgos de contagios de covid-19.
Harry Nielsen León, presidente de la Canirac, afirmó que sería "catastrófico" para el estado volver a la inactividad comercial, en medio de una grave crisis financiera causada por la misma emergencia sanitaria.


"Lo que tenemos que decirle a la ciudadanía es que se ponga el tapabocas. Se está confiando, la gente se levanta en los negocios al baño y ya no se lo pone porque piensa que estando dentro del local ya no tiene que usarlo. Tenemos que hacer conciencia de la gravedad" manifestó.


Nielsen León afirmó que los negocios ya se encuentran hasta el "tope" de deudas con los bancos o con los mismos familiares, como una forma de mantener abiertos sus negocios hasta el próximo año, cuando se espera que haya un repunte en la economía.


"Seguimos con ventas en un 65 por ciento. Lo que te puedo decir es que las tarjetas de crédito siguen subiendo, ya estamos a casi un 85 por ciento de ventas con tarjeta de crédito, significa que no hay liquidez, significa que la economía está colapsada", añadió.


No obstante, refirió que hasta el momento no han podido reportar cifras oficiales de los negocios que han tenido que cerrar por la falta de liquidez. "Será hasta el próximo año cuando lo sepamos porque muchos no habrán pagado su licencia de funcionamiento", añadió.

 

 

Diputada panista revela que por resolución judicial deberán tomar posesión Marco Antonio Alvear Sánchez y Roberto Yáñez Vázquez como cuarto y quinto comisionado.

La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, admitió que la resolución judicial que obliga al Congreso del estado a dar posesión del cargo a Marco Antonio Alvear Sánchez y Roberto Yáñez Vázquez como comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) pudo haberse evitado con una reforma constitucional.


En entrevista, la legisladora panista recordó que desde el 2018 propuso una reforma al artículo 23-A de la Constitución Política del Estado para disminuir de cinco a tres el número de comisionados que integran el IMIPE, y con ello echar abajo la modificación que la LIII Legislatura hizo al mismo marco normativo para colocar a Alvear Sánchez y Yáñez Vázquez en dicho organismo.


"Totalmente, era un tema que  se pudo haberse evitado en su momento porque ya se había hecho el análisis que efectivamente se cumplía con los tres consejeros el trabajo que le corresponde al IMIPE  y así se hubiera quedado integrado el instituto. Hoy se da la resolución, es un tema que afecta nuevamente al Congreso del estado", manifestó.


Y agregó: "hoy ya es una realidad que nos va a afectar y no solamente en el tema del Congreso, sino en el tema presupuestal, porque entiendo que tendrá que ser retroactivo el proceso y generar la reinstalación de los comisionados".
La legisladora panista dijo desconocer los motivos por los cuales la iniciativa de reforma constitucional permaneció en la "congeladora" de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación del Congreso local y que hoy, finalmente, beneficia a Roberto Yáñez, padre de los ex diputados Julio y Roberto Yáñez, así como a Marco Antonio Alvear, ex asesor del ex diputado Mario Chávez Ortega.


"No entendí cuál fue la situación de tenerlo ahí parado por quienes  han encabezado esta comisión. Entiendo que hubiera alguna situación en particular", añadió.


El Congreso del estado no sólo deberá garantizar el nombramiento de los dos comisionados, sino que tendrá que prever un aumento presupuestal para el IMIPE, a fin de que se cubran los salarios de los dos nuevos comisionados de manera retroactiva.

 

 

 

Quieren que sobrevivientes y deudos reciban una indemnización.

Familiares y víctimas  de la masacre registrada en un velorio de la colonia Antonio Barona de Cuernavaca el pasado primero de septiembre, anunciaron una caminata por la paz para mañana miércoles 28, con la que exigirán justicia.


Daniel Jiménez, padre de uno de los jóvenes asesinados, aseguró que la marcha será pacífica y podrán sumarse todos los ciudadanos que deseen protestar por la inseguridad en el estado.


Detalló que caminarán desde la capilla de la colonia Lomas de Cortés hasta la ayudantía de la colonia Antonio Barona, donde pretenden instalar un memorial por las víctimas de la masacre.


Los ciudadanos denunciaron que a casi dos meses de los hechos,  la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha informado de los avances de las investigaciones, mientras que la inseguridad en la colonia sigue siendo preocupante.
"Cuando nos reunimos con el fiscal (Uriel Carmona) nos dijo que en cuatro meses podría tener avances importantes, pero es la fecha en que no sabemos nada. Somos nosotros quienes nos hemos encargado de limpiar la imagen de nuestros hijos", manifestó Daniel Jiménez.


Los ciudadanos acudieron al Congreso del estado a pedir la reparación del daño por los hechos.

Tanto las víctimas como los familiares del ataque armado afirmaron que el gobierno del estado sólo les ayudó con los gastos funerarios, cuando muchos sobrevivientes aún siguen en rehabilitación o bien existen menores que se quedaron huérfanos.

 

 

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Jiutepec dio a conocer que autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Rafael Reyes Reyes, dieron el banderazo de inicio a los trabajos de pavimentación en las colonias Paraje San Lucas, Josefa Ortiz de Domínguez y Atenatitlán, este lunes.

Lo anterior, en seguimiento a las obras programadas a realizarse en el cuarto trimestre del año en el municipio de Jiutepec.

Ante vecinos de la colonia Paraje San Lucas, el edil comunicó que a través del mecanismo de financiamiento conocido como cooperación (aportaciones de la administración municipal y de particulares, en este caso, vecinos) se pavimentarán 463 metros cuadrados de la calle San Luis, en su primera etapa.

Respecto a los trabajos de construcción de infraestructura básica en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, se pavimentarán mil 102 metros cuadrados, con concreto hidráulico en la calle José María Morelos y Pavón, en su segunda etapa, en el tramo que va de las calles Farabundo Marti a César Sandino.

En la obra se tiene considerado construir 222 metros cuadrados de banquetas, así como 246 metros de guarniciones; en los trabajos se invertirán un millón 342 mil pesos, recursos económicos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS) del ejercicio 2020.

En la colonia Atenatitlán se pavimentarán, en los siguientes 45 días naturales, 673 metros cuadrados de la privada de los Maestros, asimismo se construirán 135 metros cuadrados de banquetas y guarniciones; para los trabajos que se realizarán en el centro de población se dispondrán de 785 mil pesos del FAIS 2020.

A los eventos de arranque de obra de pavimentación asistieron Gloria Marlen Ramírez Velázquez, regidora de Educación del Ayuntamiento de Jiutepec, así como integrantes de los comités de Obra y autoridades auxiliares de cada una de las colonias.

*El 28 de octubre*

Familiares de víctimas del multihomicidio ocurrido durante un velorio en la colonia Antonio Barona, registrado el pasado primero de septiembre, anunciaron que llevarán a cabo una marcha por la paz en Morelos, el próximo 28 de octubre.

En rueda de prensa, informaron que hasta el momento no hay avances en las investigaciones y tampoco han recibido apoyos para los gastos médicos de sus familiares y de quienes resultaron heridos.

Por ello, pidieron al gobierno estatal que se les repare el daño a todas las familias afectadas por ese hecho violento.

La diputada petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz anunció que presentará la iniciativa de reforma constitucional y al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de instituir la figura de diputado migrante en Morelos.

En rueda de prensa, explicó que la propuesta plantea como objetivo contar con la representación de los migrantes para las elecciones del 2021.

Se planteó que el diputado migrante podría concretarse mediante las candidaturas plurinominales, y que puedan aportar propuestas para favorecer a esta población de connacionales.

Permanecen 50 demandas de transportistas que exigen un título de concesión por los permisos provisionales expedidos en el sexenio anterior.

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) mantiene acumuladas 50 demandas de transportistas que piden se les otorgue un título de concesión de taxi o "ruta" por parte del  Poder Ejecutivo, con base en los permisos provisionales que expidió el gobierno de Graco Ramírez.


Lo anterior fue informado por el magistrado  de la Segunda Sala del TJA, Guillermo Arroyo Cruz, quien refirió que de 200 juicios promovidos por el mismo asunto 150 se han sobreseído por no existir elementos para obligar al Poder Ejecutivo a que expida los títulos de concesión.


El magistrado adelantó que los 50 casos restantes podrían resolverse en este mismo año y no descartó que sea en el mismo sentido.


"Nosotros como autoridad, como tribunal no podemos obligar al gobierno del estado a que aperture, a que abra, a que aperture el otorgamiento de concesiones. Eso es una facultad del gobernador, él sabrá en qué momento, pero nosotros no podemos obligarlo a que otorgue concesiones", explicó.


Sin embargo, los taxistas y ruteros aún tienen una segunda vía, que es la del amparo, para que sea la justicia federal la que determine si el Poder Ejecutivo violó sus derechos, al rechazar la regularización de unidades con base en los permisos provisionales que otorgó la pasada administración estatal.


Dichos permisos provisionales fueron expedidos por la Secretaría de Movilidad y Transporte desde el 2014 y fue en el 2018 que se otorgaron más, con la promesa de las anteriores autoridades de entregarles posteriormente un título de concesión para regularizar sus taxis y "rutas".


No obstante, la Ley de Transporte no permite que taxis o rutas presten servicio público con la portación de permisos provisionales.

 

 

 

 

 

El Congreso espera que la SCJN entregue el expediente completo del caso para iniciar el proceso.

El Congreso del estado sigue sin tener fecha para iniciar el proceso de designación de seis magistrados del Poder Judicial.


De acuerdo con el diputado morenista Javier García Chávez, la Junta Política y de Gobierno (JPyG) está a la espera del engrose de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la resolución de la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión de  Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y que invalidó el nombramiento por 20 años de los actuales magistrados.


El legislador local refirió que el órgano de gobierno del Congreso determinó esperar el engrose, pues los alcances de dicha resolución podrían ser mayores.


"Existe la especulación de que esa determinación no alcanzaría sólo a seis magistrados, sino a 11, pero son sólo especulaciones y por eso se determinó esperar a la resolución", añadió.


La determinación que emitió la Corte en julio pasado obligó a que seis magistrados dejaran su cargo de forma inmediata; cuatro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y dos del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).


La semana pasada, el magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, informó de la intención de algunos legisladores de impulsar una reforma constitucional para otorgar al Poder Ejecutivo la facultad de proponer a los magistrados del Poder Judicial.


Al respecto, el diputado morenista dijo que hasta el momento se desconoce esa la propuesta y cuál fuerza política pretende impulsarla.

 

 

 

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