Tras el rechazo de la reforma electoral inicial, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa el llamado “Plan B”, con el objetivo de impulsar cambios en el sistema político mexicano que logren el respaldo mayoritario del Congreso de la Unión.

Uno de los puntos centrales del proyecto, enviado el 17 de marzo, es la modificación a la revocación de mandato. La propuesta parte de la idea de que la ciudadanía debe contar con mecanismos efectivos para retirar del poder a gobernantes que resulten incapaces, corruptos o actúen en contra del interés público.

El documento plantea que la titular del Poder Ejecutivo pueda promover la participación ciudadana en este ejercicio. Es decir, la propia presidenta podría invitar abiertamente a la población a participar y respaldar su permanencia en el cargo hasta 2030. No obstante, se establece que no se podrán utilizar recursos públicos para fomentar el voto.

La revocación de mandato se plantea como una herramienta para que la ciudadanía evalúe y, en su caso, corrija el rumbo de un gobierno sin recurrir a medidas extraordinarias, fortaleciendo la participación democrática de manera pacífica.

La iniciativa también recuerda el precedente del proceso realizado el 10 de abril de 2022 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, organizado por el Instituto Nacional Electoral, en el que participaron más de 15 millones de personas.

Entre los cambios propuestos al Artículo 35 se incluye que la persona sujeta a revocación pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor, en los términos que establezca la ley. Este punto ha generado cuestionamientos, ya que abre la posibilidad de que un gobernante en funciones impulse campañas para mantenerse en el cargo.

Al mismo tiempo, la propuesta prohíbe el uso de recursos públicos para recolectar firmas, contratar propaganda o utilizar tiempos oficiales con fines de promoción relacionados con la revocación.

Además, durante los 60 días previos a la jornada, deberá suspenderse toda propaganda gubernamental, lo que ha generado dudas sobre cómo podrían financiarse estas campañas sin recursos públicos.

Finalmente, el “Plan B” incluye otras medidas como la reducción del gasto en congresos locales y municipios, la posibilidad de realizar la consulta de revocación en el tercer o cuarto año de gobierno, durante los tres meses posteriores a esos años, para que coincida con las elecciones intermedias de 2027 y la opción de someter temas electorales a consulta ciudadana.