La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer de nuevo el caso de Mario Aburto Martínez para determinar si fue correcto aplicar el marco legal que le impuso 45 años de prisión por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994, un magnicidio. La resolución del máximo tribunal podría derivar en su liberación o en la confirmación de la condena.
La decisión se tomó este miércoles con seis votos a favor y dos en contra, después de que la ministra Sara Irene Herrerías Guerra se declarara impedida para intervenir.
Las ministras que votaron en contra fueron María Estela Ríos González y Yasmín Esquivel Mossa. La atracción del amparo directo 104/2021 fue solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El objetivo de la Corte será definir “cuál es el parámetro para analizar un procedimiento penal sobre magnicidio bajo el sistema penal tradicional, a fin de garantizar los derechos del quejoso y de la víctima”.
El caso volvió a activarse en 2023, luego de que un tribunal colegiado concediera un amparo a Aburto y anulase la sentencia de 45 años, ordenando un nuevo fallo basado en el Código Penal de Baja California, que establece una pena máxima de 30 años, ya cumplida. La FGR impugnó esa decisión y llevó el asunto ante la SCJN.
En octubre de 2024, la Primera Sala dejó sin efectos el amparo, sin resolver el fondo, y ordenó reponer el procedimiento, incluyendo el llamado a los familiares de Colosio y la realización de diligencias necesarias para una nueva resolución. Sin embargo, ninguno de los familiares se presentó ante la autoridad judicial.
El 9 de diciembre estaba programada la resolución del amparo directo 104/2021, pero la sesión no se realizó. Ese mismo día, el ministro presidente Hugo Aguilar admitió la solicitud de atracción de la FGR y ordenó al tribunal colegiado abstenerse de emitir fallo mientras la Corte decidía asumir el caso.
La ministra Sara Irene Herrerías Guerra explicó que se declaró impedida por ética e imparcialidad, debido a que fue titular durante casi nueve años de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR, área que participó en la investigación del homicidio de Colosio. Su impedimento fue aprobado por unanimidad.
