La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), encabezada por Raquel Buenrostro, informó que se realiza una auditoría exhaustiva para detectar posibles omisiones o irregularidades relacionadas con el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en diciembre pasado en Oaxaca, accidente que dejó 14 personas fallecidas.
La funcionaria explicó que la revisión busca confirmar que no existieron fallas atribuibles a empresas, proveedores o servidores públicos que hayan influido en el siniestro.
Aunque las auditorías son procedimientos habituales, señaló que en este caso se hará un análisis más profundo con el objetivo de garantizar justicia, pese a que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ya fue revisado en 2024.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió acelerar los procesos para asegurar la reparación integral del daño a las víctimas y reiteró el compromiso del Gobierno federal de atender y compensar a los afectados conforme a la ley.
El Corredor Interoceánico, impulsado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador e inaugurado en 2023, fue concebido como una alternativa logística al Canal de Panamá y como un motor de desarrollo para el sur-sureste del país, aunque ha enfrentado retos en materia de infraestructura, seguridad y oposición social.
Paralelamente a las investigaciones, la empresa Daniferrotools, S.A. de C.V. aseguró que no tuvo participación en el tramo ferroviario donde ocurrió el accidente.
En un comunicado, afirmó que su nombre fue vinculado sin respaldo documental y aclaró que no intervino en la construcción, rehabilitación, mantenimiento ni suministro de materiales de la vía en operación al momento del descarrilamiento.
La compañía lamentó el fallecimiento de las víctimas y expresó solidaridad con los heridos, subrayando que su posicionamiento busca aclarar su situación jurídica sin interferir en las indagatorias.
El 5 de enero, representantes legales de tres personas lesionadas presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Comsa Infraestructura, Grupo Constructor Diamante, Daniferrotools y posibles funcionarios responsables.
Daniferrotools explicó que en julio de 2019 firmó un contrato con el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, el cual fue rescindido ese mismo año.
Detalló que el proceso de terminación inició el 5 de diciembre de 2019 y que no existió relación contractual posterior ni ejecución de obras, debido a factores como la ocupación de la vía por habitantes de La Chivela y discrepancias técnicas entre el proyecto y las condiciones reales del terreno.
La empresa sostuvo que no tuvo intervención en la infraestructura actualmente bajo revisión, calificó como improcedentes los señalamientos en su contra y señaló que la difusión de información no verificada ha afectado su imagen, por lo que analiza acciones legales. Finalmente, reiteró su disposición a colaborar conforme a la ley y su respeto hacia las víctimas y sus familias.
