En San Luis Potosí y Nuevo León se han promovido reformas en materia de paridad de género que buscan regular la postulación de candidaturas a la gubernatura rumbo a las elecciones de 2027.
Estas medidas, conocidas públicamente como “Ley Esposa”, han generado polémica al señalarse que podrían beneficiar a Ruth González Silva y Mariana Rodríguez, esposas de los actuales gobernadores Ricardo Gallardo y Samuel García.
En San Luis Potosí, el Congreso local aprobó el pasado 14 de diciembre un decreto que modifica la Constitución estatal y la Ley Electoral para establecer reglas claras de paridad en las candidaturas a la gubernatura y a presidencias municipales.
El dictamen señala que la reforma convierte en norma permanente lo que antes se aplicaba mediante lineamientos temporales.
El Congreso justificó la reforma al argumentar que no existía una regulación expresa para garantizar la paridad en la postulación a la gubernatura, lo que consideró incompatible con los principios de igualdad sustantiva.
En el documento se destaca que ninguna mujer ha ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo estatal desde la creación de la entidad, lo que se identifica como una barrera estructural para el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres.
Uno de los puntos centrales del decreto se encuentra en el artículo segundo transitorio, el cual establece que, para el proceso electoral local de 2027, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes solo podrán registrar mujeres como candidatas a la gubernatura. Para los procesos posteriores, se aplicará el principio de alternancia de género previsto en la Constitución local.
En contraste, en Nuevo León la iniciativa aún se encuentra en análisis. Se trata del expediente LXXVII-2025-EXP20259, presentado en septiembre por Movimiento Ciudadano, que propone reformas constitucionales y legales para regular la postulación paritaria en cargos de elección popular, incluida la gubernatura.
El proyecto plantea que estas disposiciones entren en vigor en 2027 y en elecciones subsecuentes, pero hasta ahora no ha sido dictaminado ni votado por el Pleno del Congreso local.
El tema llegó también al ámbito federal. El jueves 18 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al asunto durante su conferencia matutina, donde recordó que el Instituto Nacional Electoral ya cuenta con un esquema para garantizar la paridad en las gubernaturas que se renovarán en 2027.
Explicó que, de las 17 entidades en juego, nueve candidaturas deben corresponder a mujeres y ocho a hombres, mecanismo que ha permitido avanzar en la paridad.
Sobre las reformas estatales que plantean la alternancia obligatoria por entidad, la mandataria señaló que su viabilidad jurídica debe analizarse con cuidado, ya que no es claro que este modelo contribuya necesariamente a fortalecer la participación de las mujeres. Indicó además que solicitó una revisión jurídica sobre el tema al ministro en retiro Arturo Zaldívar.
Por su parte, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, anunció que el partido prepara una acción de inconstitucionalidad contra la reforma aprobada en San Luis Potosí.
Señaló que Morena no postulará familiares en las elecciones de 2027 y que considera inconstitucional impedir que la ciudadanía decida libremente en las urnas.
Mencionó que el partido aplicará una reforma interna para evitar la sucesión de cargos públicos entre familiares, con el objetivo de frenar el nepotismo electoral.
