La Fiscalía General de la República (FGR) judicializó una carpeta de investigación contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, para que sea juzgada por su probable participación en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionado con la obtención de una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex) tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, ocurrida el 7 de octubre de 2004.

En mayo de 2024, el entonces director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informó que Márquez Padilla ingresó a la empresa el 1 de junio de 2004 como coordinador ejecutivo de la dirección corporativa de administración y falleció poco más de cuatro meses después, tras caer de una ventana del piso 12 del edificio A de la sede central.

Aunque los peritajes indicaron que se trató de un suicidio, ese dato no quedó asentado en los documentos difundidos.

De acuerdo con la información presentada, el 19 de octubre de 2004 se solicitó el pago de la pensión posmortem a favor de los beneficiarios, con efectos retroactivos al 8 de octubre, un día después del fallecimiento.

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Romero Oropeza señaló entonces que Casar habría causado un daño a Pemex por 31 millones de pesos, al recibir una pensión mensual de 125 mil pesos.

Documentos del Poder Judicial de la Federación indican que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó audiencia inicial contra Casar y dos personas más, por su probable responsabilidad en el delito previsto en el artículo 217, fracción II, del Código Penal Federal, vigente al momento de los hechos.

Esta figura puede imputarse tanto a servidores públicos como a particulares que promuevan u obtengan indebidamente beneficios económicos.

La ley establece penas que van de seis meses a 12 años de prisión y multas de 30 a 150 días. La audiencia está programada para el 16 de diciembre, cuando se darán a conocer los resultados de la investigación y las imputaciones correspondientes.

Al no tratarse de un delito grave, en caso de vinculación a proceso, los imputados podrían enfrentar el juicio en libertad.

Cabe señalar que Pemex suspendió el pago de la pensión en febrero de 2024, por lo que María Amparo Casar promovió un juicio de amparo. El Juzgado Sexto de Distrito en materia de trabajo ordenó a la empresa restituir el pago.