La Cámara de Diputados aprobó reformas constitucionales que establecen la prohibición absoluta del uso y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos en el país.

Con 324 votos a favor y 129 en contra, el Pleno avaló el dictamen derivado de una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La reforma modifica la Ley General de Salud para prohibir, en todo el territorio nacional, la adquisición, producción, fabricación, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, distribución, venta, suministro y cualquier acto de publicidad o propaganda relacionado con estos dispositivos.

También define estos productos como aparatos mecánicos, electrónicos o de cualquier tecnología que calientan, vaporizan o atomizan sustancias tóxicas, con o sin nicotina.

El dictamen establece penas de uno a ocho años de prisión por su venta, así como multas de 100 a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalentes a entre 11 mil 314 y 226 mil 280 pesos.

La iniciativa reconoce al vapeo como una amenaza a la salud pública, lo que permitirá aplicar políticas para reducir su uso, proteger a grupos vulnerables y reforzar el principio de precaución en materia sanitaria.

Además, amplía las facultades de la Secretaría de Salud en infraestructura, abasto de medicamentos y coordinación del Sistema Nacional de Salud.

Durante el debate, legisladores de oposición acusaron al oficialismo de favorecer el crecimiento del mercado ilegal y señalaron que la prohibición podría beneficiar al crimen organizado.

Recordaron que especialistas y organizaciones habían alertado, meses atrás, sobre el aumento del comercio clandestino de vaporizadores y cigarros ante la ausencia de regulación.