El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, compareció este martes ante un juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, por su presunta participación como coautor en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La acusación deriva de movimientos financieros realizados durante su administración estatal, entre 2010 y 2016.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte habría lavado aproximadamente 73.9 millones de pesos mediante el sistema financiero nacional.
Estos recursos, según la imputación, se habrían canalizado a empresas ganaderas en las que él figuraba como accionista mayoritario y en las que también habría intervenido su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.
La causa federal está relacionada con el caso que enfrenta en Chihuahua por peculado, donde se le atribuye el desvío de cerca de 96.7 millones de pesos provenientes de la Secretaría de Hacienda estatal.
La FGR sostiene que los 73.9 millones investigados a nivel federal provendrían de ese monto.
Duarte fue detenido el lunes en la ciudad de Chihuahua mientras circulaba por la lateral del Periférico de la Juventud, en la colonia Jardines de San Francisco, durante un operativo conjunto de la Policía Federal Ministerial y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tras su captura fue trasladado a la Ciudad de México e ingresado al penal del Altiplano.
Durante la audiencia, la jueza María Jazmín Ambriz López rechazó la solicitud de la defensa para invalidar la orden de aprehensión emitida en mayo de 2024.
Los argumentos de la defensa —que alegaban la existencia de un amparo y supuestas nulidades— fueron desestimados al constatarse que se trataba de procesos distintos, uno federal y otro estatal.
La FGR tiene previsto presentar alrededor de 100 datos de prueba, entre ellos presuntos vínculos financieros con familiares y diversas empresas relacionadas con Duarte.
En el ámbito federal, el exgobernador es señalado como coautor del delito de lavado de dinero, mientras que en el ámbito estatal continúa el proceso por peculado, por el cual ya cuenta con medidas cautelares, incluido un brazalete electrónico.
