El Poder Judicial de Tamaulipas enfrenta controversia tras la multa millonaria que una jueza impuso a una abogada durante una audiencia penal.
La sanción, de un millón 390 mil 400 pesos, se calculó con base en cinco mil veces el salario mínimo diario, después de que la litigante señalara presuntas inconsistencias procesales en el desarrollo de la diligencia.
La medida fue confirmada inicialmente por el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas (STJT), pero provocó preocupación entre abogados y usuarios de redes sociales, quienes advirtieron que sanciones de este tipo podrían inhibir el ejercicio de la defensa y la crítica técnica en los tribunales.
El incidente ocurrió durante la etapa intermedia del proceso penal acusatorio, fase en la que se determina qué pruebas se admitirán en juicio oral.
La abogada cuestionó que la jueza no siguiera el protocolo establecido y solicitó que se declarara incompetente por supuesta falta de técnica procesal. Ante esto, la juzgadora impuso la multa máxima prevista, pese a que la normativa contempla medidas menos severas, como apercibimientos o expulsión temporal de la sala.
Como consecuencia, el STJT decidió destituir temporalmente a la jueza del sistema penal acusatorio y reasignarla al sistema penal tradicional.
La autoridad explicó que la medida busca garantizar que el nuevo sistema penal se apegue a la normativa y permitir que el órgano disciplinario evalúe si la actuación de la jueza fue correcta dentro de los procedimientos establecidos.
El Poder Judicial subrayó que las acciones tienen un carácter institucional, orientadas a mejorar la impartición de justicia y mantener la capacidad jurisdiccional conforme al debido proceso.
La situación generó críticas de barras y colegios de abogados de 13 ciudades de Tamaulipas, quienes cuestionaron la decisión de la jueza y la falta de intervención oportuna de la autoridad judicial.
Expertos legales señalaron que, tras revisar el caso, es difícil justificar la imposición de la sanción máxima, ya que la ley permite un rango amplio de multa, de 20 hasta 5 mil salarios mínimos, dejando margen para decisiones menos severas.
