Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de actuar “al servicio del poder político” y aseguró que en México “ya no existe el Estado de Derecho”, en el contexto de los litigios fiscales que mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En un comunicado difundido el domingo, el conglomerado afirmó que el máximo tribunal está conformado por ministros “doblegados a la presión política” y “sumisos a los intereses del Poder Ejecutivo”, lo que, según la empresa, evidencia la “destrucción de la democracia” y la “perversión del sistema de justicia” en el país.

El grupo señaló directamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum de encabezar una “campaña sistemática” para influir en las decisiones judiciales. Argumentó que las más de 280 menciones en su contra en conferencias matutinas son una muestra de esa presión.

La empresa anticipó que los próximos fallos de la Suprema Corte sobre sus litigios fiscales serán desfavorables, luego de que estos casos fueran incluidos “de manera extemporánea” en la lista oficial del tribunal, lo que, según la compañía, “ya deja claro el sentido de las resoluciones”.

Grupo Salinas acusó además que los ministros están avalando “extorsiones fiscales” del SAT, que incluirían “cobros dobles por el mismo impuesto e impuestos no auditados”.

Reiteró que está dispuesta a cumplir con sus obligaciones fiscales conforme a derecho, siempre que no se trate de cobros que considere indebidos o inconstitucionales.

“Lo que no haremos jamás es ceder ante los cobros dobles abusivos, inconstitucionales e inmorales inventados por la autoridad con una clara intención política: la de callarnos solo por el hecho de pensar diferente a ellos, expresar nuestras opiniones y, aunque les incomode, decirle la verdad a millones de mexicanos”, afirma el documento.

El conglomerado adelantó que continuará su defensa en distintas instancias y que presentará una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por considerar que las resoluciones de la SCJN vulneran derechos como el de audiencia, debido proceso y legalidad. También evalúa demandar al SAT por “silencio administrativo” y por negarse a responder a sus solicitudes de diálogo.

El grupo exhortó al SAT a definir con precisión el monto de sus créditos fiscales “sin doble cobro y eliminando recargos excesivos” para poder liquidarlos conforme a derecho.

“Que todo México lo tenga claro: por más presiones políticas, justicia selectiva e intentos por silenciarnos, aquí estamos y aquí vamos a seguir muchos años más”, concluye el comunicado.

Grupo Salinas mantiene 32 litigios fiscales con el SAT por un monto aproximado de 74 mil millones de pesos, correspondientes a ejercicios entre 2008 y 2013. El gobierno federal estima que los casos más próximos a resolverse ante la Suprema Corte implican adeudos por cerca de 48 mil millones.

El SAT ha negado tener acuerdos con el grupo y sostiene que puede pagar los adeudos en cualquier momento. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el pasado 28 de octubre que el cobro de estos impuestos “no es un asunto personal ni político”, sino una cuestión estrictamente técnica.