El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, negó la solicitud de Grupo Salinas para posponer la resolución de siete juicios fiscales relacionados con Tv Azteca y Elektra.

Las empresas argumentaron que habían pedido al gobierno federal “ajustar” el monto de sus adeudos, pero la Corte consideró que no existe fundamento legal para suspender el fallo.

En su resolución, Aguilar señaló que el tribunal debe garantizar el acceso a la justicia y cumplir con los plazos establecidos, por lo que no puede retrasar el dictado de las sentencias.

Los casos forman parte de un conjunto de al menos ocho juicios pendientes en la Corte —cinco de Elektra y dos de Azteca— por créditos fiscales que, de acuerdo con las autoridades hacendarias, suman 48 mil 393 millones 975 mil 821 pesos, incluyendo multas, recargos y actualizaciones.

El ministro explicó que las empresas no pueden pedir la postergación de los fallos, ya que fueron ellas mismas quienes promovieron los amparos. En cambio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que defiende la validez de los créditos, sí puede presentar pruebas para demostrar la improcedencia de los juicios.

Si el SAT modifica el monto de los adeudos antes de que se dicten las sentencias, deberá informar a la Corte, y las empresas podrían desistirse de las partes que ya no les afecten.

Además, Elektra y Tv Azteca presentaron recursos para impedir la participación de las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf en cinco de los juicios, pero estos fueron rechazados por la presidencia del tribunal.

El pasado 27 de octubre, Grupo Elektra también intentó impedir la intervención de todo el pleno en dos litigios por un total de más de 34 mil 373 millones de pesos.

En paralelo, Grupo Salinas reiteró al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum su solicitud de actualizar los montos de su deuda con el SAT, asegurando que podría pagar en menos de diez días si se aceptaba su propuesta.

El grupo ofreció cubrir 7 mil 600 millones de pesos —incluido un abono previo de 2 mil 700 millones realizado en 2022—, cifra muy inferior a los 74 mil millones de pesos que, según la Procuraduría Fiscal, adeuda al gobierno federal.

La presidenta Sheinbaum respondió que no es necesario instalar una mesa de diálogo y reiteró que el grupo empresarial debe pagar directamente.

“Lo único que hemos dicho es: toma chocolate, paga lo que debes”, expresó el 28 de octubre.