La Cámara de Diputados aprobó con cambios las reformas al Código Fiscal de la Federación, en el marco de la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación 2026, con 335 votos a favor y 122 en contra. El documento fue enviado al Senado para continuar su trámite legislativo.

Entre las modificaciones más importantes destaca el nuevo artículo 30-B, que obliga a las plataformas digitales que operan en México —como servicios de streaming, comercio electrónico y transporte— a dar acceso permanente, en línea y en tiempo real, a la información necesaria para que las autoridades fiscales verifiquen el cumplimiento de obligaciones tributarias.

En caso de incumplimiento, se prevé el bloqueo temporal del acceso al servicio digital. Estas obligaciones comenzarán a aplicarse el 1 de abril de 2026.

Se eliminó también la fracción X del artículo 124, que limitaba el derecho de los contribuyentes a impugnar actos fiscales alegando desconocimiento. Legisladores de distintas bancadas coincidieron en que esta disposición afectaba la garantía de defensa de los ciudadanos.

La reforma fortalece las facultades del SAT para combatir la evasión fiscal. Entre los cambios destaca la posibilidad de negar la inscripción en el RFC a empresas cuyos representantes hayan estado vinculados a compañías sancionadas por emitir facturas falsas o participar en esquemas de evasión, así como la facultad de presentar querellas penales contra quienes generen comprobantes fiscales falsos.

Además, los CFDI deberán respaldar operaciones reales y verificables; en caso de incumplimiento, se considerarán falsos y los responsables podrían enfrentar sanciones penales.

El SAT podrá realizar visitas de verificación con un plazo máximo de 24 días hábiles para confirmar la existencia de operaciones, sin que esto implique una auditoría completa. Durante estas visitas, se podrá suspender temporalmente la emisión de facturas digitales para evitar la generación de comprobantes falsos.

Otra medida permite publicar en el portal del SAT y en el Diario Oficial los nombres y RFC de personas físicas o morales que hayan emitido facturas falsas, dando a los contribuyentes un plazo de 30 días para corregir su situación mediante una declaración complementaria.

Mientras la mayoría legislativa defiende las reformas como una herramienta para cerrar brechas de evasión y elusión fiscal, la oposición criticó que concentran demasiado poder en el SAT y afectan derechos de los contribuyentes.

Algunos legisladores calificaron estas medidas como “terrorismo fiscal”, al considerar que pueden bloquear de forma discrecional operaciones comerciales y penalizar errores menores, sin atender los principales casos de evasión cometidos por servidores públicos.