Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, la consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, presentó la armonización de leyes secundarias derivadas de la reforma judicial, actualmente como iniciativas de ley en el Senado para su dictaminación.
Godoy explicó que la reforma establece plazos claros para la resolución de casos: en materia tributaria, los juzgadores deberán emitir decisiones en un máximo de seis meses; en materia penal, los plazos son de cuatro meses para delitos con penas de hasta dos años y de un año para aquellos con penas mayores.
El objetivo, señaló, es garantizar el acceso a la justicia mediante procedimientos más rápidos y claros.
La reforma también busca modernizar el juicio de amparo, haciéndolo más ágil y preciso, proteger el orden público y el interés social, incorporar herramientas tecnológicas en la administración de justicia, ajustar recursos fiscales y homologar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Las leyes que están en el Senado incluyen:
Código Nacional de Procedimientos Penales
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
Ley de Amparo
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativo
Código Fiscal de la Federación
Godoy destacó que todas las reformas se realizarán con lenguaje incluyente, considerando a pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas, y actualizando las denominaciones de los nuevos órganos judiciales.
Respecto al amparo, señaló que actualmente el juicio está lleno de tecnicismos y vacíos legales, lo que dificulta su acceso y efectividad. La reforma pretende fortalecerlo como mecanismo de protección de derechos, evitando que sea usado para evadir la justicia.
Arturo Zaldívar, coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia, aclaró que la reforma al amparo no limita la defensa de los ciudadanos, sino que busca un juicio más ágil, eficaz y digital, alineado con la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte.
Puso como ejemplo que en casos como bloqueos de cuentas bancarias o ciertos delitos específicos, la ley ha precisado situaciones en las que no procede la suspensión del amparo.
Zaldívar enfatizó que la iniciativa no representa retrocesos, sino una modernización que facilita la aplicación de la justicia y protege los derechos de la población.
