El vicealmirante de la Marina, Manuel Roberto Farías Laguna, junto con nueve marinos y funcionarios aduaneros, fue vinculado a proceso este martes por presunta participación en una red de contrabando de combustible, conocida en México como “huachicol fiscal”.
La audiencia, realizada en los juzgados federales del penal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, se extendió por aproximadamente 18 horas y concluyó la madrugada de este martes. A los detenidos se les impuso prisión preventiva justificada y se otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los acusados habrían permitido el ingreso ilegal de millones de litros de combustible al país, haciéndolos pasar como aditivos, para su venta ilícita y evasión de impuestos.
Además, señaló que la red contaba con gran poder económico y capacidad de influir sobre empresarios y funcionarios públicos.
Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de la Marina Rafael Ojeda Durán, quien estuvo en el cargo entre 2018 y 2024 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue detenido el sábado pasado junto con otros 13 presuntos implicados.
El domingo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que las órdenes de aprehensión alcanzaron a tres empresarios, cinco marinos activos, uno retirado y cinco exfuncionarios de aduanas.
Los arrestos se derivaron del decomiso en marzo pasado de diez millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas. Posteriormente, en julio, las autoridades incautaron 1,8 millones de litros adicionales y un inmueble en el mismo estado.
El lunes, un agente de la Marina presuntamente implicado en el caso, el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, fue hallado sin vida en el puerto y según fuentes el caso fue confirmado como suicidio.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no hay certeza de su implicación y reiteró el compromiso de “cero impunidad” en estos hechos.
Estos operativos forman parte de los esfuerzos del Gobierno de México para combatir el robo y almacenamiento ilegal de combustible, un delito que entre 2019 y 2024 ha provocado pérdidas cercanas a los 4.000 millones de dólares.
