Después de casi dos décadas en prisión preventiva, Israel Vallarta Cisneros fue declarado inocente por un juez federal, quien ordenó su liberación inmediata.
Vallarta fue detenido en diciembre de 2005 junto con la ciudadana francesa Florence Cassez, acusado de pertenecer a una presunta banda de secuestradores conocida como “Los Zodiaco”.
La decisión fue tomada por la jueza Mariana Vieyra Valdez, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en Toluca, al determinar que no existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad en los delitos que se le imputaban.
Vallarta enfrentaba cargos por secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad. Sin embargo, la juez resolvió que no se comprobó su participación en estos delitos.
Su esposa, María Sainz, confirmó la noticia a través de la red social X, donde compartió imágenes de apoyo al caso y celebró el fallo que podría permitir su liberación en las próximas horas.
El caso cobró gran notoriedad pública porque su detención fue transmitida en televisión como un operativo en vivo, organizado por la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI). Posteriormente, se confirmó que dicho operativo fue un montaje, lo que generó una fuerte crítica nacional e internacional.
Su detención ocurrió junto a la ciudadana francesa Florence Cassez, quien fue liberada en 2013 por fallas en el debido proceso.
En julio pasado, un tribunal federal concedió un amparo para revisar la medida de prisión preventiva que lo mantenía detenido, en atención a recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU. El deterioro de su salud y la falta de sentencia durante casi dos décadas fueron clave para este fallo.
La resolución también destaca la importancia de respetar las medidas provisionales dictadas por organismos internacionales de derechos humanos, como reconoció recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El caso vuelve a poner en debate el uso prolongado de la prisión preventiva en México y la necesidad de garantizar los derechos humanos dentro del sistema de justicia penal.
